La erosión de talud que se registró en la ruta PY02 a la altura del km 62, en Caacupé, debe ser solucionada de forma definitiva por el Consorcio Rutas del Este (integrada por Sacyr y Ocho A), de Luis Pettengill, quien pasó la responsabilidad de este contrato a su hijo, Juan Carlos Pettengill, cuando asumió como senador.
Así informó a este diario el ingeniero Francisco Javier Recalde, jefe del Departamento de Proyectos Viales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y señaló que si no se repara de forma definitiva, la empresa se expone a multas.
El funcionario dijo que como la obra se ejecuta a través de la Ley Nº 5.102/13 de Alianza Público Privada (APP), el consorcio es responsable de mantener y operar la citada carretera durante los 30 años que durará el contrato. “La ruta PY02 tiene que estar en perfectas condiciones que se miden diariamente por niveles de indicadores, fiscalizados por el MOPC”, expresó Recalde.
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Ruta PY02: Contratista cobrará unos US$ 1.700 millones durante los 30 años de concesión
Según había ofertado el grupo de Sacyr, Ocho A y Mota Engil (que cedió sus acciones a Ocho A tras abandonar el país) percibirá unos US$ 1.700 millones por operar y mantener la citada carretera, por lo que se convierte en la ruta más cara de la historia del país.
Esto sin incluir las “obras complementarias” o “compensaciones” que se vienen agregando al contrato del consorcio, que hasta la fecha ya tiene cuatro adendas.
En este sentido, la empresa estará cobrando US$ 27.217.135, IVA incluido, en concepto del Pago Diferido de Inversión (semestral), denominado PDI. El grupo percibirá este desembolso dos veces al año, por un período de 15 años, una vez entregado los tramos utilizables. El PDI se abonará por el financiamiento de la construcción de la ruta, cuyo costo total será de unos US$ 816 millones.
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Además, el consorcio percibirá G. 145.292 millones (con IVA), en concepto de Pago por Disponibilidad (PPD), para el mantenimiento y operación de la vía. Este importe se desembolsará por los 30 años que durará la concesión, lo que significará una erogación de G. 4,3 billones (US$ 747 millones).
A los pagos por inversión y disponibilidad (PDI y PPD) hay que sumar el Pago Variable del Tráfico (PVT), por el que el consorcio cobrará unos US$ 134 millones más en 30 años, que también debe percibir por la cantidad de vehículos que circula por la vía (la variación del monto dependerá del tránsito).
La empresa consiguió la financiación de más de US$ 500 millones para duplicar la carretera, luego de varias adendas.