El Sifupromh, uno de los sindicatos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitió ayer un comunicado para reiterar su postura ante el proyecto de ley del servicio civil que está a consideración del Congreso.
El comunicado indica que el secretario general, Pedro Sánchez, en ocasión de la audiencia pública, fue portavoz de la Coordinadora de Funcionarios Públicos y Entes Descentralizados y en la misma, “hemos denunciado e identificado públicamente por lo menos 10 artículos en el proyecto de Ley presentado por el gobierno, los cuales son inconstitucionales, pues atentan contra los intereses y derechos de todos los compañeros”.
Añade que la revisión y el estudio del proyecto de ley la realizaron abogados laboralistas y constitucionalistas y que todos los cuestionamientos se ajustan a derecho.
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Añade, que en dicha ocasión entregaron los mencionados cuestionamientos del proyecto a los 45 senadores y al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.
“Pedimos al gobierno que retire el proyecto de ley presentado, que modifique los artículos que son inconstitucionales y violan los derechos adquiridos, y que se abra un amplio debate para sacar un proyecto consensuado que beneficie a todos los sectores”, señala el comunicado del Sifupromh.
Coordinadora considera inconstitucional
Sobre la Coordinadora de Gremios del Sector Público y Entes Descentralizados a la que hace referencia el comunicado, la misma había planteado una serie de objeciones constitucionales al proyecto de “Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”.
La coordinadora manifiesta, entre otros, que un aspecto preocupante del proyecto de “Ley de la Función Pública y de la Carrera del Servicio Civil” es la inserción de un principio antagónico al artículo 1° de la Constitución Nacional, que el principio antepone la disponibilidad presupuestaria para el cumplimiento de obligaciones libremente contraídas por el Estado para con sus funcionarios, lo que resulta una afrenta al mencionado artículo que en su última parte refiere al reconocimiento de la dignidad humana.
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Además menciona que el proyecto de ley faculta al Ministerio de Economía y Finanzas como autoridad rectora en la aplicación de la norma, que anula la normativa al arrogarle facultades inconstitucionales a una dependencia del Ejecutivo.