El gobierno del presidente Santiago Peña avanza en la implementación del programa Che Róga Pórã, que plantea una suerte de alianza público privada, apuntando a que la gente de clase media pueda adquirir una casa propia con un producto crediticio más accesible que los existentes en el mercado, sin subsidios. Ahora, se aprobó el uso de recursos provenientes de la República de China (Taiwán), tras la firma del Decreto N° 1910.
Días atrás, ABC publicó un documento que mostraba la intención de utilizar US$ 5 millones para fondear el programa, con dinero que inicialmente se presupuestó para financiar viviendas de pueblos originarios. Así se desprendió de un resumen de Cancillería Nacional, tras un encuentro entre representantes de Taiwán y Paraguay.
El titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, celebró la firma del decreto, mediante un posteo en sus redes sociales. Sin embargo, no respondió mensajes ni llamadas para conocer más detalles sobre la ejecución de esos recursos y con qué fondos atenderían a los indígenas.
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En cuanto al decreto, Peña autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a realizar las gestiones necesarias para utilizar el dinero para fondear las construcciones.
El sistema consiste en que desarrolladoras inmobiliarias presentan proyectos de soluciones habitacionales al MUVH, éste los verifica y aprueba para luego publicarlos en un portal.
La gente interesada en comprar una casa podrá ver opciones en la web, seleccionará la vivienda que más le guste y presentará la solicitud de un crédito en la entidad financiera de su confianza. Quien obtenga el crédito, firmará el contrato de préstamo con la entidad financiera y ese documento será la garantía para que AFD desembolse recursos en su nombre; finalmente, pagará sus cuotas duarante un plazo de hasta 30 años, a una tasa del 6,5% de interés anual.
Sin transparencia
Además de no responder las preguntas de la prensa, Baruja tampoco publica los proyectos de viviendas que se están evaluando. La ciudadanía desconoce en qué consiste ese trabajo y a cargo de quiénes está.
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