El gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) impulsó el proyecto de ley con el argumento de establecer reglas para velar por el futuro de las jubilaciones de los trabajadores, teniendo en cuenta la situación deficitaria de las cajas y las denuncias de corrupción en el manejo de los fondos previsionales.
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley el 12 de diciembre, el 13 de diciembre fue sancionado por la Cámara de Diputados y al día siguiente, el 14 de diciembre, el presidente Peña promulgó la ley a pesar del rechazo de los sindicatos de trabajadores y de los gremios de jubilados.
A un año de iniciarse este proceso, todo sigue igual en cuanto a la falta de control, pero peor en lo que respecta a las deficitarias cajas de jubilaciones, como por ejemplo en el caso de la Caja Fiscal y de la Caja Municipal.
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Consejo de Seguridad Social
La referida ley crea el Consejo de Seguridad Social, pero no puede integrarse debido a que los jubilados y los trabajadores no eligieron aún a sus representantes, ni siquiera hay un acuerdo sobre cómo elegirán a los representantes.
El consejo deberá conformarse con representantes del sector oficial: el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; la ministra del Trabajo, Mónica Recalde.
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Además, por un representante de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), que ya tiene su terna de candidatos; un representante de los jubilados y uno de los trabajadores.
La falta de conformación del consejo impide elevar a consideración del presidente de la República la terna de candidatos para la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que es la que se encargará de la tarea de supervisar a las cajas de jubilaciones y pensiones públicas y privadas.
Sin estructura ni presupuesto en 2025
A su vez, la ley establece que la Superintendencia de Jubilaciones tiene plazo máximo de 24 meses de la publicación de la norma, para diseñar e implementar su estructura orgánica funcional, por lo que no tiene estructura y tampoco presupuesto este año ni para el próximo año.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, alrededor de G. 2.000 millones que deberán transferir a la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones para su funcionamiento.
La cartera incluyó igualmente otro artículo para la creación de cargos en el anexo de personal, de carácter excepcional, sin necesidad de presentar un proyecto de ley, lo que fue rechazado por el Congreso y obliga a tener que presentar un proyecto de ley.
Cajas de jubilaciones deficitarias
Mientras se aguarda el funcionamiento de la superintendencia, los jubilados de la Caja Municipal no cobran y existen denuncias de supuesta corrupción en el manejo de los fondos de los trabajadores.
La deficitaria Caja Fiscal, administrada por el MEF, también continúa devorando recursos genuinos, que son recaudados a través de los impuestos que paga la ciudadanía, pero el gobierno de Peña decidió postergar su reforma para el año venidero.
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El último informe al mes de noviembre da cuenta de que la Caja Fiscal acumula déficit del 42%, que equivale a más de G. 2 billones (US$ 260,8 millones), financiado en su mayor parte con los impuestos (IVA, renta empresarial, renta personal, selectivo al consumo, entre otros).
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La propia cartera de Economía, reconoce en un informe que las reservas de la Caja de Jubilaciones se agotarían en 2027 y llegado ese momento el Tesoro deberá hacerse cargo del 100% del déficit para que los jubilados y pensionados puedan cobrar íntegramente, pero tampoco impulsó hasta ahora ninguna reforma.
Apuran cambios en el IPS
A diferencia de las otras cajas de jubilaciones que registran problemas financieros, el gobierno de Peña impulsa la reforma de la carta orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS), proyecto que está a consideración del Congreso.
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El gobierno propone modificar el cálculo de referencia para el pago de haberes jubilatorios, pasar de 36 meses (3 años) utilizado actualmente como base de cálculo a 120 meses (10 años) en forma gradual, proyecto rechazado por los trabajadores porque consideran que implicará una reducción de beneficios para los futuros jubilados.