La acción -que se enmarca en una batalla legal iniciada en 2022 por la entonces diputada, Kattya González y el exparlamentario Edgar Acosta- busca forzar a Itaipú a cumplir con las normativas nacionales de transparencia y rendición de cuentas.
En su escrito, la exlegisladora afirma: “Las turbinas de la transparencia y rendición de cuentas se encuentran apagadas en la binacional Itaipú, puesto que, sus autoridades incumplen sistemáticamente dos leyes”.
Las normas en cuestión son la Ley N.º 6763/2021, que establece mecanismos de control y fiscalización para las entidades binacionales, e involucra directamente a la Contraloría General de la República, y la Ley N.º 5282/2014, de libre acceso ciudadano a la información pública.
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González subraya que el incumplimiento de estas leyes “impide la fiscalización en el uso de los fondos públicos pertenecientes a todos los paraguayos” y sostiene que esta resistencia abre la puerta al “saqueo de los injustos personajes políticos que manejan la binacional como su despensa particular”.
González explicó que este segundo urgimiento se da luego del presentado antes de Semana Santa. “La novedad es que el expediente estaba en el despacho de Víctor Ríos y él ya emitió su voto. Ahora pasó a Gustavo Santander. O sea que es un avance”, dijo.
Asimismo, consideró que la resolución de la Corte será determinante: “Este fallo es demasiado importante porque la Itaipú incumple sistemáticamente dos leyes. Entiendo que, cuando decidan de una buena vez si es que es o no sujeto obligado de la ley de acceso a la información pública, vamos a poder acceder a la información”.