El director de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), Ricardo Gavilán, fue contundente al señalar que, sin pruebas concretas, es imposible sancionar una eventual cartelización de precios en el sector cárnico. A más de un año de las denuncias públicas realizadas por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la investigación se encuentra estancada debido a la falta de colaboración efectiva por parte del gremio ganadero.
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La existencia de un oligopsonio
Gavilán explicó que la preocupación sobre los altos precios de la carne en el país involucra un conflicto entre los productores, representados por la ARP, y los frigoríficos, que —según dijo— operan como un oligopsonio, es decir, un pequeño grupo de compradores frente a muchos vendedores. La ARP sostiene que existe “un pacto” entre frigoríficos para pagar menos por el ganado en pie, afectando así los ingresos de los ganaderos.
No obstante, el titular de la Dirección de Investigación aclaró que la Conacom no tiene facultades para fijar precios, sino que puede intervenir únicamente si existen indicios de prácticas anticompetitivas, como acuerdos entre empresas para manipular precios, lo cual está prohibido por la Ley de Competencia en su artículo 8.
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Sin denuncia formal, no hay investigación posible
“Nos reunimos con las autoridades de la ARP el año pasado y les pedimos formalmente que presenten una denuncia con documentación respaldatoria. Se comprometieron a colaborar, pero hasta hoy no han entregado nada”, lamentó Gavilán.
A falta de esa colaboración, la Conacom resolvió en diciembre pasado abrir un expediente de actuaciones preliminares, una etapa exploratoria que permite recabar datos para evaluar si hay mérito para una investigación formal.
“Hemos solicitado información a los frigoríficos y accedido a algunos indicadores económicos, pero no contamos con evidencia suficiente para sostener una acusación sólida”, explicó.
Gavilán insistió en que denunciar públicamente no reemplaza el proceso institucional: “Para que se pueda investigar y eventualmente sancionar, necesitamos información verificable. No alcanza con discursos. Sin pruebas, no hay caso”.
La ARP, que había asegurado contar con documentación que probaba la existencia de acuerdos de precios, sigue sin entregar los elementos requeridos. Para la Conacom, esto impide avanzar en una pesquisa que requiere rigor técnico y jurídico.
“Esta es una cuestión seria. Si existe una cartelización, debemos actuar. Pero no se puede construir una acusación sin datos. La colaboración activa de los denunciantes es esencial”, concluyó el director de Investigación.