Paraguay se encamina a cerrar un año con cifras récords en materia tributaria pero, más allá de los números de fin de año, el Gobierno nacional ya tiene la mirada puesta en la evaluación técnica que enfrentará en 2026.
Tras consolidar la fusión de sus entes recaudadores y de apostar con fuerza a la digitalización, el Gobierno ahora debe revalidar su estatus de transparencia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en un proceso que definirá la percepción de los mercados internacionales sobre la seriedad de la economía nacional.
En ese contexto, el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, en una reciente entrevista con ABC, advirtió que 2026 colocará al país ante una prueba estratégica que trasciende la gestión doméstica.
“El año que viene vamos a tener una evaluación en la OCDE para poder seguir estando dentro de la lista de países cooperantes y de aquellos que muestran avances en materia de transparencia tributaria”, explicaba el titular de la la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
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Añadió que el eje del proceso excede ciertos niveles de resultados, como la mejora en la recaudación, y que apunta a demostrar la solidez institucional del país ante los estándares internacionales.
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Transparencia fiscal bajo la lupa internacional
Esta “revisión entre pares” de la OCDE funciona, en la práctica, como una auditoría exhaustiva sobre la capacidad del Estado para intercambiar información financiera con otras jurisdicciones, así como para identificar de manera efectiva a los beneficiarios finales de las empresas.
Para el organismo internacional, que nuestro país sea calificado como un “país cooperante” implica que sus controles internos son lo suficientemente robustos para evitar que dr convierts en un refugio de la evasión transnacional o del flujo de capitales ilícitos. Se trata de un sello de credibilidad clave para cualquier economía que aspire a captar inversiones de gran escala.
Con el objetivo de llegar a esta evaluación con los principales estándares cumplidos, la DNIT aceleró un proceso de modernización que ocupó un lugar central en su más reciente rendición de cuentas.
Entre los avances destacados, Orué mencionó la aprobación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 30 millones, destinado íntegramente a infraestructura tecnológica. Estos recursos permitirán incorporar herramientas de inteligencia artificial y analítica avanzada hacia el control de perfiles de riesgo a partir de 2026.
A eso se suma que, desde abril de 2025, el 100% de las personas jurídicas en Paraguay ya opera bajo el sistema de facturación electrónica, hecho que habilita una trazabilidad de datos en tiempo real, uno de los requisitos clave en las evaluaciones de la OCDE.
Finalmente, Orué adelantó que para el año de la evaluación internacional impulsarán una ley para reglamentar la profesión contable, con el objetivo de otorgar a los contadores un rol de “certificadores”, acompañado de mayores responsabilidades legales dentro del proceso de formalización económica.
Los efectos económicos de la evaluación
Para dimensionar lo que está en juego, la evaluación de la OCDE no debe leerse tanto como un trámite técnico sino más bien como un test de credibilidad ante el sistema financiero internacional.
Una calificación favorable en 2026 permitiría consolidar a Paraguay como una jurisdicción confiable para los grandes inversores institucionales, que operan bajo reglas estrictas en materia de transparencia y cumplimiento fiscal.
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En un escenario positivo, los efectos serían inmediatos. El país quedaría habilitado para captar fondos de inversión que, por norma interna, tienen vedada su exposición a economías consideradas opacas. Al mismo tiempo, una menor percepción de riesgo se traduce en mejores condiciones de financiamiento externo, con tasas de interés más bajas para el sector público y el privado.
En términos fiscales, esto implica un menor costo de endeudamiento y mayor margen para destinar recursos a infraestructura y servicios públicos.
El escenario inverso, en cambio, tendría consecuencias significativas. Una eventual inclusión en las denominadas “listas grises” de países no cooperantes suele activar procesos de de-risking, por los cuales bancos internacionales restringen o encarecen sus operaciones con jurisdicciones bajo observación.
Para la economía local, esto se refleja en mayores controles, demoras en transferencias y un aumento de los costos para el comercio exterior y la inversión.
La evaluación, en este sentido, tiene implicancias que superan lo técnico y terminan impactando de lleno en el clima de negocios y en el costo de operar desde Paraguay.
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