En medio del debate a favor y en contra del proyecto de ley de “Reforma de la Caja de Jubilaciones del Sector Público”, expertos coinciden en la necesidad de realizar cambios necesarios que permitan contrarrestar el enorme déficit que actualmente arrastra el fondo, aunque también recomiendan que estos cambios sean graduales a fin de que no terminen siendo un “golpe brusco” a los afiliados.
El analista financiero Amílcar Ferreira opinó que el proyecto de reforma de la Caja Fiscal es probablemente una de las más importantes que se tiene de los últimos tiempos por el impacto que tendrá en las cuentas fiscales. Solo el año pasado, al mes de noviembre el saldo rojo de las jubilaciones trepó a US$ 345 millones, una sangría importante y que es financiado con los impuestos de los ciudadanos, recordó.
“Esto es insostenible porque va creciendo cada vez más ese saldo rojo, y más para un país que recauda poco”, aseveró.
Según Ferreira, los ajustes paramétricos planteados son sumamente importantes para revertir esa insostenibilidad fiscal que nos afecta finalmente a todos
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“Resulta muy injusto que tal vez gente que nunca se va a jubilar tenga que estar financiando la jubilación de unos pocos”, afirmó.
Entre los principales cambios pretendidos está justamente equiparar las exigencias sobre los sectores deficitarios: docentes, policías, militares y magistrados judiciales.
Buscan igualar a todos en la edad mínima para la jubilación: extraordinaria a 57 años y la ordinaria a 62 años. También proponen aumentar el aporte del afiliado del 16% al 19%, más un aporte estatal del 3%. Además se busca equiparar la base para el cálculo del haber jubilatorio sobre el promedio de ingresos de los últimos 5 años.
Implementación gradual de cambios
Por su parte, el ingeniero Pedro Ferreira, extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), también se pronunció sobre el tratamiento de la Ley de Reforma de la Caja Fiscal, enfatizando la necesidad de preservar y garantizar los derechos.
Ferreira también coincidió en la necesidad de que tenga un tratamiento rápido, para evitar un mal mayor. En la última década ya se acumula un déficit de casi US$ 1.600 millones que fue financiado con impuestos de los ciudadanos y podría ser mucho más si no se implementan los cambios necesarios.
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No obstante, Ferreira insistió en la necesidad de que estos cambios sugeridos en el proyecto tengan una implementación gradual para evitar el mayor impacto posible en los afiliados. Como ejemplo citó el cambio introducido por IPS en el ajuste del cálculo del haber jubilatorio que elevó el promedio de ingresos de 36 meses a 120 meses (con implementación gradual en cada mes).
Otra recomendación, es que el proyecto debe ser socializado y dialogado con todas las partes. “Tiene que escucharse a la gente y tiene que verse la forma de que la transición sea lo más suave posible. “Hay que tener en cuenta que son vidas, son planes de vida de muchas personas que están en el medio y hay que tener sensibilidad para tratar estos temas. Pero no hay duda de que esto se debe tratar, de lo contrario, no habrá los fondos cuando requieran jubilarse”, aseveró.