La historia tiende a repetirse: “primero como tragedia, luego como farsa”.
En 2023, el actual ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señalaba que el ministro anterior “había escondido la basura debajo de la alfombra”. El déficit oficial era de -2,3% del PIB, pero cuando se incluyeron las deudas heredadas y las obligaciones no registradas en su momento, el déficit fiscal real resultó significativamente mayor, alcanzando el -4,1% del PIB.
Esa fue la primera decisión relevante del nuevo gobierno para transparentar las cuentas públicas.
Hoy, la situación del déficit fiscal vuelve a ser motivo de preocupación. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no cumplió con la regla fiscal, que establece un tope de 1,9% del PIB para el 2025, a pesar de los recortes de gastos y del ingreso adicional proveniente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). La primera reacción del ministro, jefe del equipo económico, no fue una explicación técnica convincente, sino un ataque a un colega del propio gabinete, a quien acusó de mala gestión de su cartera, trasladando la responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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Lo más llamativo del Gobierno es que no alcanzó el déficit acordado de 1,9% del PIB, conforme a la regla fiscal vigente, pero sin mayor rubor ahora se habla de un déficit fiscal cercano al 2% del PIB. Sin ofrecer una explicación clara, simplemente se “patean” las deudas hacia 2026, clasificándolas como deuda flotante.
El MEF tampoco brindó explicaciones convincentes sobre las deudas acumuladas con los contratistas del Estado. Los gremios de Cifarma y Capaco reaccionaron públicamente ante las obligaciones impagas que vienen reclamando desde hace meses. El ministro, aún disponiendo de los datos, no construyó un relato ni una estrategia de negociación con los sectores afectados.
Proveedores del Estado
Los proveedores del Estado han reclamado reiteradamente el cumplimiento de los pagos atrasados. Las empresas proveedoras del sector salud reclaman alrededor de US$ 600 millones, mientras que el sector de la construcción de obras públicas exige US$ 250 millones, a lo que se suman más de US$ 100 millones en concepto de intereses. En conjunto, ambos sectores reclaman cerca de US$ 950 millones, a los que debe añadirse la deuda del programa Hambre Cero. La deuda total de estos tres sectores asciende así a unos US$ 1.050 millones. Con estas cifras, el déficit fiscal real se ubicaría en torno al -3,8% del PIB.
Adicionalmente, la provisión mensual de medicamentos alcanza los US$ 50 millones, mientras que el pago efectivo del Estado oscila apenas entre US$ 22 y 25 millones. Los retrasos en los pagos al sector farmacéutico, a los constructores y a los proveedores de alimentos configuran una imagen negativa de la gestión pública y generan pérdida de puestos de trabajo, en abierta contradicción con el eslogan presidencial de la creación de 500.000 empleos y con la consigna de que “todos vamos a estar mejor”.
Deuda pública
Otro tema especialmente preocupante es la deuda pública, que cerró en 2025 en torno a los US$ 20.000 millones. En términos del coeficiente de deuda pública, esta representa aproximadamente el 41,3 % del PIB. El crecimiento del PIB, estimado en 6%, reduce artificialmente dicho coeficiente, ya que el aumento del denominador disminuye el peso relativo de la deuda, del mismo modo que reduce el déficit fiscal medido como proporción del PIB, sin que ello implique necesariamente una mejora estructural de las finanzas públicas.
Más allá del coeficiente de deuda y del déficit fiscal, que preocupan a la ciudadanía, se suma ahora el plan de reforma de la Caja Fiscal, tema que requiere solución urgente. Es indispensable eliminar la heterogeneidad entre los seis sectores en términos de años de aporte y edad de jubilación, con el objetivo de lograr mayor equidad del sistema y asegurar su sostenibilidad financiera.