La primera crisis reciente de la Caja Fiscal se produjo durante la reforma de la administración del período 2003-2008. En aquel momento, la economía enfrentaba varias dificultades que exigían la implementación de reformas estructurales.
La primera ley aprobada fue la de “Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal 2003”, con problemas muy similares a los que hoy volvemos a enfrentar.
La reforma más importante consistió en aumentar el aporte del 14% al 16% del funcionario y establecer la portabilidad del seguro cuando un funcionario cambia de un sector a otro. La aplicación de la ley fue rápida y permitió frenar el costo financiero de la crisis de la Caja Fiscal.
La segunda crisis de la Caja Fiscal (2023-2025) se encuentra empantanada, en parte, por remitir el proyecto al Congreso con atraso, pese al éxito de más de 30 iniciativas, entre leyes y proyectos de reforma.
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El error inexplicable del Ejecutivo ha sido el envío tardío del proyecto de reforma y, además, durante el receso parlamentario. Pareciera que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incurre en una equivocación de estrategia política.
Veamos cual es el contenido de la reforma para salvar la crisis de la Caja Fiscal.
¿Cuáles son los fundamentos de la reforma?
En primer lugar, corregir la inequidad entre los seis sectores y lograr la sostenibilidad financiera; en segundo lugar, establecer edades mínimas más homogéneas; en tercer lugar, enfrentar un déficit que amenaza con duplicarse en el próximo quinquenio; y, por último, anticiparse al agotamiento de los excedentes previsto para 2028.
Los cambios fundamentales para contener la crisis de la Caja Fiscal se concentran en tres variables: edad mínima de jubilación, años de aportes y tasa de sustitución.
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En el caso del magisterio nacional, la edad mínima sería de 57 años para la jubilación extraordinaria y de 62 para la ordinaria, con 25 años de aportes y una tasa de sustitución del 78%.
El magisterio judicial y los docentes universitarios mantendrían parámetros similares. Para los militares, se propone una edad mínima de 57 años, 25 años de aportes y una tasa de sustitución del 50%. Para los policías, 57 años de edad mínima, 20 años de aportes y una tasa de sustitución del 50%.
En la administración central, la edad mínima sería de 62 años, con 20 años de aportes y una tasa de sustitución del 70%.
Además de los dos cambios principales: edad de jubilación y años de contribución, el proyecto contempla elevar el aporte del funcionario del 16% al 19%, manteniendo el aporte estatal en 3%; en otras palabras, un aumento de aporte de 22%.
Los funcionarios han reaccionado por el aumento de la edad de jubilación, el aumento de años de aporte y un salto de 16% a 19% de aportes del empleado.
La estrategia un tanto ingenua del MEF pareciera que pretende ganar la partida por dos condiciones aparentemente favorables: la función de la Comisión Permanente del Congreso y vacaciones de verano, ambos propicios para ganar la partida, pero la situación de enfrentamiento del gobierno y funcionarios avivó el debate y la confrontación.
La reforma, aparentemente muy sencilla del Poder Ejecutivo, contiene 18 artículos y 10 puntos centrales. El saldo rojo actual representa alrededor del 0,8% del PIB. El perfil de la reforma no constituye un cambio estructural profundo; es más bien un paso intermedio que permitiría reducir el déficit en torno al 60%.
Las organizaciones sociales, gremiales y empresariales apoyan en general la reforma, pero se oponen a financiarla mediante aumento de impuestos.
Fuertes reacciones en contra
El proyecto presentado por el Ejecutivo ha generado fuertes reacciones en los sectores afectados, que respondieron con propuestas alternativas.
Algunos gremios plantean elevar el aporte total al 22%, pero no con una distribución asimétrica: 19% a cargo de los funcionarios activos y 3% de aporte estatal.
Los docentes rechazan la reforma, principalmente por la fijación de la edad mínima de retiro en 57 años. Tampoco aceptan el aumento del aporte de los afiliados ni una contribución estatal limitada al 3%, y exigen una inyección inmediata del 14% para capitalizar el sistema.
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Militares, policías y docentes también han rechazado el plan de reforma del gobierno y presentaron proyectos alternativos. No están dispuestos a perder sus actuales privilegios y pretenden que el déficit actual se financie con mayores aportes del Estado, recursos de la binacional Itaipú y nuevos gravámenes al sector agropecuario.
Las fuerzas públicas (militares y policías), por su parte, reclaman la autonomía de la Caja Fiscal y un aporte estatal del 14%, o bien un aumento de las tasas impositivas. Algunos incluso sugieren elevar el IVA para financiar el saldo rojo. Es la idea menos aceptable que un impuesto indirecto financie a un sector cubierto por la seguridad social.
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También se plantean tasas a la soja, al arroz y un aporte especial de Itaipú. Impuestos específicos para asignar a un sector pequeño de la fuerza de trabajo o funcionarios públicos.
La reforma de la Caja Fiscal cuenta con un amplio respaldo porque, de no resolverse, se convertirá en una pesada carga para el Estado.
En los últimos diez años, el saldo rojo acumulado alcanzó alrededor de US$ 1.600 millones, y el déficit podría llegar a US$ 10.000 millones en 2035. El costo es muy elevado para financiar a un sector específico.
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Urge, por lo tanto, alcanzar un consenso, considerando el daño que esta situación puede causar a la economía, en un país donde la cobertura de la seguridad social apenas llega al 25%, una de las más bajas de la región.
Es una reforma impostergable para frenar las pérdidas; que este año llegaron a US$ 380 millones y con un crecimiento anual probable de US$ 100 millones.
El déficit de la Caja Fiscal seguirá aumentando y esa pérdida debe ser cubierta con fondo del Tesoro en un país que necesita imperiosamente la inversión en capital humano—salud, educación, nutrición, vivienda y en capital físico- transporte, logística de un país sin litoral.
El país debe resolver la crisis financiera de la reforma de la caja Fiscal así como las necesidades de recursos financieros del capital humano y físico para mejorar las condiciones de los motores de desarrollo.