El debate sobre la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal) trajo consigo los números de déficit, así como conceptos y parámetros que se tendrán en cuenta para subsanar al menos en parte esta situación. Liz Coronel, gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), visitó ayer los estudios de ABC Cardinal y explicó cómo se llegó al crítico escenario.
Recordó que, en el 2025, el déficit total fue de US$ 380 millones. Eso implicó una pérdida de la Caja Fiscal de poco más de 1 millón de dólares por día, que en parte se pagó con impuestos, 70%, y otro 30% todavía se financió con ahorros de sectores que tienen superávit.
Se podría construir un segundo Paracel
Se informó que en los últimos cinco años se han perdido US$ 1.600 millones, pero si en los próximos cinco años no se ejecuta la reforma, le tenemos que sumar US$ 4.000 millones. Es decir, la cifra sería US$ 5.600 millones que financiará el Estado en lugar de invertir esos recursos en atención de otras urgencias sociales.
“Estamos hablando de más o menos el 11,5% del PIB. Se podría construir un Paracel que podría dar empleo a un montón de gente. Ni qué decir otra cantidad de cosas que se pueden hacer”, dijo Coronel.
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De ahí que se plantean modificaciones al sistema actual. Los principales cambios implican establecer edad mínima para la jubilación en 57 años, para docentes, policías, militares y magistrados judiciales (los tres primeros no tienen hoy esa exigencia, y el último tiene, pero en 50 años); así como aumentar el aporte de todos los funcionarios públicos de 16% al 19% y establecer la contribución patronal del Estado en 3%.
Otro cambio será establecer la base de cálculo para el haber jubilatorio considerando los últimos cinco años de salario del funcionario.
Quiénes no están afectados
En este escenario, uno de los puntos en duda es cuánta gente no será afectada por la reforma, debido a que ya cuenta con “derecho adquirido” (personas que seguirán rigiéndose por las normativas viejas). Al respecto, se le consultó a Coronel qué parámetro utilizó el MEF para una definición crucial: desde cuándo un trabajador obtiene tal derecho.
Respondió que el proyecto de ley protege expresamente ese derecho garantizado por la Constitución, que se da desde que el trabajador cumple los requisitos mínimos para jubilarse, según la legislación vigente. En el caso de docentes es con 25 años de aporte; militares con 15 años y policías, 10.
En el caso de los docentes, el Ministerio de Educación estima que habría 8.000 maestros que ya han obtenido el derecho adquirido y que se mantendrían con la normativa antigua. Pero en los demás sectores se desconoce esa cifra y la gerente del MEF tampoco la pudo precisar.
No obstante, explicó que el parámetro de derecho adquirido se basó en la definición que estableció el equipo jurídico del MEF, basado a su vez en sentencias de la Corte al respecto.
“Tenemos un muy buen equipo jurídico que analizó justamente hasta todas las sentencias de la Corte en materia de derechos adquiridos. Y la interpretación siempre es de que cuando se reúnen los requisitos que establece una ley, a partir de ahí considera que se cumple el derecho adquirido”, dijo.
Aunque reconoció que en esta reforma se consideran “demasiadas variables”. Además de parámetros técnicos y jurídicos, también “la cuestión política”, por la presión de sectores afectados.
Edad mínima es innegociable
La gerente del MEF reiteró que la edad mínima establecida en el proyecto de ley es algo “innegociable” si se busca reducir el déficit de la Caja Fiscal, al menos en parte. “Nosotros financieramente, actuarialmente, lo que hacemos es estimar cuáles son al menos los escenarios mínimos que tenemos que esperar de reducción de déficit. Y eso nos arroja a estas edades de al menos cincuenta y siete años de edad”, explicó la técnica.
La edad, parámetro principal si se busca sanear el sistema
Liz Coronel recordó que este agujero en la Caja Fiscal, que dentro de una década podría llegar a US$ 10.000 millones inclusive, es el resultado de la creación de 14 regímenes distintos que cambiaron los parámetros para la jubilación desde la última reforma del sistema –llevada a cabo en 2003–, sin criterios técnicos. Hoy todos los funcionarios aportan 16% pero acceden a la jubilación con diferentes requisitos, de ahí que se habla de la fragmentación del sistema, según explicó.
“El más importante es la edad de jubilación, porque ahí tenés en cuenta cuánto es el periodo que, como sistema, vas a financiar las jubilaciones, teniendo en cuenta la expectativa de vida. Cuánto tiempo se espera que viva ese jubilado a determinada edad. Entonces, en el mundo el promedio está ya en 65 años de edad, eso es lo adecuado”, contó.
En esa línea, explicó que en promedio, en Paraguay las mujeres se mueren a los 84 años en la actualidad, mientras que los hombres a los 81.
Eso significa que si alguien se jubila a los 65, el sistema le debe pagar cerca de 20 años y debe ser sostenible. Este cálculo se basa en el aporte del trabajador, es decir hoy 16%, por el tiempo de aporte para cubrir esos 20 años. A esto se llama “cálculo actuarial”.
Pero mientras maestros, policías y militares no tienen edad mínima de jubilación, sí la hay en la administración pública, 62 años; magistrados judiciales, 50; enfermeros y obstetras, 55; médicos de odontología y bioquímicos, 55.
Por eso el plan establece la edad mínima de 57 años para los tres sectores que hoy son los más deficitarios, como resultado de condiciones de privilegio que han tenido.
Como ejemplo, se mencionó que hubo casos de policías jubilados a los 32 años. “En el 2025 se dieron casos que se retiraron con 32 años. Aclarando de que no es gente que estuvo en acto de servicio ahí y que cayó herido o le pasó algo. Es gente que se retiró. No sabría decir la situación, pero sí puede ser por cualquier motivo”, señaló Coronel.
Según lo explicado, en el caso de Policías y Militares, hoy tienen lo que se llama la “equiparación” salarial entre el sueldo del activo y el haber jubilatorio del que ya está en retiro. Entonces, cuando al activo se le sube el salario también se le incrementa al retirado.
El proyecto de ley elimina ese privilegio, así como también modifica estatutos de ambas instituciones, de modo a que no pasen a retiro automático a alguien cuando ascienden a otro más joven. “En otros países no se ve la edad, sino el mérito. No ascendés por antigüedad, sino es por mérito”, explicó.