El estudio evalúa tanto el Programa Civil como el Programa No Civil, que incluye a las fuerzas públicas. Para ello, aplica el método de Unidad de Crédito Proyectada (UCP), conforme a estándares internacionales de práctica actuarial y a las Normas Internacionales de Contabilidad. El análisis combina dos enfoques: población cerrada, que no incorpora nuevos ingresos, para estimar los balances actuariales, y población abierta, que proyecta los flujos de fondos considerando el reemplazo de jubilados por nuevos aportantes con características similares.
Al 31 de diciembre de 2023, la Caja Fiscal registra 232.631 aportantes, con un crecimiento promedio anual de 4,85% en los últimos cinco años. El Magisterio Nacional concentra el 34,3% de los aportantes, seguido por la Administración Pública con el 25,6%. En cuanto a los beneficios, se contabilizan 74.339 jubilaciones y pensiones, con un aumento promedio anual de 3,77%, concentradas principalmente en el Magisterio Nacional (47,4%) y la Administración Pública (25%).
A primera vista, la relación de 3,1 aportantes activos por cada pasivo podría sugerir cierta estabilidad. Sin embargo, el propio informe advierte que, en términos actuariales, se requieren al menos cinco activos para financiar de manera sostenible un beneficio jubilatorio. Es decir, incluso en la fotografía actual, el sistema ya opera por debajo del umbral de equilibrio.
Bajo el enfoque de población cerrada, las reservas matemáticas necesarias para cubrir los compromisos del Programa Civil ascienden a US$ 16.713 millones. Frente a esta obligación futura, los aportes previstos alcanzan US$ 2.658 millones y los recursos excedentes acumulados a 2024 suman US$ 741 millones. El resultado es un déficit actuarial de US$ 13.313 millones solo en el Programa Civil.
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Un dato relevante que aporta el informe es que el 92% de esos recursos excedentes pertenece al sector de Administración Pública y, por disposición legal, solo puede destinarse a cubrir los desajustes del propio Programa Civil. No pueden utilizarse para financiar el déficit del Programa No Civil. Al incorporar a las Fuerzas Públicas, el déficit total del sistema asciende a US$ 18.663 millones.
Esta brecha ya no es solo una proyección de largo plazo. El informe señala que, en la actualidad, el desequilibrio se manifiesta en la operación cotidiana: mientras la Administración Pública mantiene un superávit transitorio, los demás sectores civiles, junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, presentan déficits operativos recurrentes. Al no contar con reservas acumuladas, estos regímenes dependen directamente de transferencias del Presupuesto General de la Nación.
El análisis de población abierta proyecta un escenario aún más exigente. Incluso incorporando nuevos cotizantes, el déficit corriente se intensifica progresivamente. El fondo de reserva del Programa Civil se agotaría en 2027. A partir de 2028, la Caja Fiscal dependería exclusivamente de aportes corrientes y recursos del Tesoro.
Para el quinquenio 2027-2031, el déficit anual promedio alcanzaría US$ 796 millones, acumulando un saldo negativo de US$ 3.982 millones al finalizar el periodo. Este resultado no obedece a un factor coyuntural, sino a diferencias estructurales en parámetros y beneficios entre regímenes.
En varios sectores, como Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Magistrados Judiciales y docentes universitarios, el beneficio promedio de los jubilados supera ampliamente el salario promedio de los trabajadores activos. A ello se suma la ausencia de una edad mínima de retiro en regímenes como el Magisterio Nacional, lo que permite jubilaciones a edades relativamente tempranas y prolonga el pago de beneficios durante décadas. El informe también menciona disposiciones como el reconocimiento de años de servicio por hijos, que no cuentan con respaldo contributivo y presionan adicionalmente sobre las finanzas del sistema.
Frente a este diagnóstico, el estudio simula un escenario de reforma con medidas concretas. Propone fijar una edad mínima de acceso de 57 años en los regímenes que no la tienen, elevar el aporte total al 22% (19% trabajador y 3% Estado) y unificar la base de cálculo del beneficio a los últimos cinco años para la mayoría de los sectores.
Con estos ajustes, el déficit proyectado para 2027-2031 se reduce en 61,6%, pasando de US$ 796 millones a US$ 306 millones anuales. Esto implica un ahorro promedio para el Tesoro de US$ 573 millones por año. Además, permitiría postergar el agotamiento de los recursos excedentes del Programa Civil hasta 2032.
Es de mencionar que, entre 2021 y diciembre de 2025, la Caja Fiscal acumuló un déficit total de US$ 1.380 millones. De ese monto, US$ 801 millones correspondieron a los regímenes de Fuerzas Públicas, cuyo desequilibrio fue cubierto directamente con impuestos. Por su parte, el Magisterio Nacional registró un déficit de US$ 579 millones, financiado con recursos excedentes del propio sistema. Estos datos evidencian que, en los últimos cinco años, el financiamiento de jubilaciones ya requirió importantes transferencias fiscales y uso de reservas acumuladas, anticipando la presión creciente que el sistema ejerce sobre las finanzas públicas incluso antes del agotamiento proyectado de fondos.
El informe de Evaluación Actuarial del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público concluye recomendando la revisión de la base reguladora, la actualización periódica de beneficios, la fijación de edades mínimas de jubilación en todos los regímenes y la revisión del reconocimiento de años de servicio por hijos. Estas medidas, señala, resultan necesarias para fortalecer la sostenibilidad financiera y garantizar la equidad intergeneracional.
Más que una advertencia, el documento presenta una cuantificación precisa del costo de no actuar. La Caja Fiscal no enfrenta un problema futuro: enfrenta un desequilibrio presente con consecuencias crecientes en el corto plazo en toda la población.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.