El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartó la posibilidad de volver a flexibilizar el tope de déficit fiscal para hacer frente a las deudas que mantiene el Estado con empresas proveedoras, principalmente constructoras y firmas farmacéuticas, que superan los US$ 1.000 millones.
El titular de la cartera, Carlos Fernández Valdovinos, sostuvo que el Gobierno mantiene la meta de convergencia fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) prevista para este año y que no será necesario modificarla para atender los compromisos pendientes.
Según explicó, el Ejecutivo prepara una propuesta para aplicar nuevamente el mecanismo de factoring o factoraje, que permitiría a las empresas cobrar parte los compromisos pendientes mediante la cesión de certificados de obra o facturas a entidades financieras.
“El factoring ya va a estar listo la próxima semana y con eso vamos a resolver el problema sin necesidad de tocar el déficit fiscal”, afirmó el ministro.
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Buscan evitar destruir la credibilidad fiscal
Fernández Valdovinos advirtió que modificar nuevamente el tope fiscal podría generar presiones para ampliar aún más el déficit.
“Si tocamos el déficit, después van a venir otros a pedir lo mismo. Vamos a subir de 2,5 a 3,5, y después de 3,5 a 5. Esa no es una solución permanente y terminaríamos destruyendo la credibilidad que tenemos”, señaló.
La meta fiscal del 1,5% del PIB forma parte del proceso de convergencia establecido por el Gobierno luego de los mayores niveles de déficit registrados durante la pandemia. El año pasado se llegó al 1,9%.
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Deuda con constructoras ronda US$ 370 millones
El factoring ya fue utilizado durante el gobierno anterior como una alternativa para reducir la deuda con empresas contratistas del Estado, expecialmente las constructoras.
En este caso, el Gobierno pretende aplicar nuevamente la Ley Nº 6542/2020 de factoraje, incluida en el Presupuesto General de la Nación 2026.
Mediante este esquema, las empresas podrán ceder sus certificados de obras o facturas a bancos locales, que adelantarán el pago con respaldo de una garantía soberana del Estado.
Fernández Valdovinos fue enfático al señalar que la cesión de deuda se hará “apoyada por una ley que aprobó el Congreso, que fue el Presupuesto General de la Nación, y no una ocurrencia de un viceministro, como ocurrió anteriormente”. Al parecer, el ministro del MEF se refería al exviceministro de Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Carlino Velázquez, quien impulsó esta modalidad de pago tras la crisis derivada de la pandemia.
La deuda con constructoras se estima actualmente en unos US$ 370 millones, según datos manejados por el sector y los gremios están pretendiendo ampliar el tope fiscal para el pago de los compromisos, lo que el ministro ya descartó.
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También se aplicará a proveedores de medicamentos
El titular del MEF indicó que el mecanismo de factoraje no se limitará únicamente a las empresas constructoras, sino que también podría aplicarse a proveedores de medicamentos del sistema público de salud. La deuda con este sector al cierre del 2025 era de US$ 800 millones, de los cuáles entre enero y febrero se realizaron desembolsos.
En ese contexto, señaló que el Ministerio de Salud también está tomando decisiones administrativas para mejorar la gestión de los recursos destinados a la compra de fármacos.
“No solamente tenemos que dar más plata, sino que eso se tiene que sentir en la cantidad de medicamentos que tiene la ciudadanía”, expresó.