El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, confirmó a ABC que dos de los tres grupos inicialmente interesados presentaron sus ofertas para la concesión de la quiniela. Esta licitación marca un hito regulatorio, ya que se implementa la modalidad de adjudicar hasta a tres empresas, eliminando así la exclusividad que regía anteriormente.
Los oferentes que siguen en carrera son: Consorcio Daruma Sam Sam-Caproni-Dataforge, representado por Carlos Alberto Sacco, y Technologies Development of Paraguay SA (TDP), cuyo apoderado es José Miguel Fernández Zacur.
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Por su parte, el Consorcio Forte Capital, integrado por Gambling SA, Talismán SA y B-Gaming Vimérica SA, desistió formalmente de participar en el proceso.
Ambos grupos de empresas ajustaron sus propuestas económicas al límite inferior permitido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), ofreciendo un canon del 19% sobre la recaudación bruta mensual. Asimismo, la Conajzar estableció que el canon mínimo garantizado para las adjudicadas será de G. 9.500 millones.
Tras la apertura de sobres, el Comité de Revisión Interdisciplinario (CRI) inicia la verificación cuantitativa de los documentos. Según el anexo A de la resolución N° 28/2026 de la Conajzar del 5 de febrero pasado, el cronograma sigue con la evaluación de las ofertas y la presentación de un informe por parte del CRI en un plazo de 10 días.
Una vez emitido el informe, correrán otros 5 días hábiles para conocer a las empresas seleccionadas, que explotarán el juego por un periodo de cinco años.
Liseras subrayó que, aunque ambos consorcios cumplieron con la entrega formal de documentos en el acto de apertura, ahora inicia un control exhaustivo para garantizar que cumplen con todos los requisitos técnicos y legales.
Fin del monopolio
El 6 de enero pasado, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7438, que modificaba varios artículos de la Ley 1016/97 que establece el Régimen Jurídico para la Explotación de los Juegos de Suerte o de Azar.
La iniciativa del Ejecutivo fue sancionada por el Congreso el 17 de diciembre del año pasado. Con las modificaciones, la Conajzar pasó a depender de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
La modificación eliminó el monopolio en las concesiones de permisos, tanto para apuestas deportivas como para la quiniela. Es decir, los permisos de explotación anteriormente se concedían a un solo oferente.
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A partir de esta nueva ley se pretende mejorar “sustancialmente” el combate frontal de la explotación clandestina de juegos de azar. Tanto la Conajzar como la DNIT tienen la potestad de incautar todos los materiales, enseres e implementos relacionados a hechos ilícitos.
El juego de la quiniela mueve más de 120 millones de dólares al año, por lo que siempre existe interés por su explotación. Actualmente la concesión a la empresa Technologies Development of Paraguay SA (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, ya está vencida.
Un negocio que mueve millones de dólares
La última adjudicación en 2020 a TDP SA estuvo rodeada de escándalos debido a denuncias como de que la empresa no habría pagado el impuesto establecido en la Ley Nº 431/73, referente a la retención del 10% de los premios mayores que debía ser destinado a los honorarios de los veteranos de la Guerra del Chaco y sobre los premios no entregados que debían ser destinados a la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben) y el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonares).
En 2022 la Fiscalía abrió un proceso en el cual imputó al directivo de TDP Álvaro Wasmosy y exmiembros de Conajzar por la supuesta adjudicación irregular en 2020. En aquella ocasión habían sido señalados el actual diputado Rubén Roussillón Blaires (ANR), José Ortiz, Carmen Alonso, Ricardo Núñez y Omar Rodrigo Mongelós, y el exprocurador Sergio Coscia.
Finalmente, todos obtuvieron su sobreseimiento definitivo del proceso judicial.