Carlos Fernández Valdovinos renunció al cargo de ministro de Economía y Finanzas, según informó la Presidencia de la República, en medio de cuestionamientos y crecientes reclamos por la deuda del Estado con empresas constructoras y otras proveedoras del Estado.
El pasivo supera los US$ 360 millones, aunque en la actualidad, tras algunos pagos, estaría en el orden de los US$ 300 millones. Esto en concepto de certificados de obras e intereses acumulados solo de la cartera de Obras Públicas, lo que es mucho más si se tienen en cuenta la deuda de todas las instituciones.
Esta situación mantenía una tensión del ministro Fernández Valdovinos con el sector de la construcción, uno de los más golpeados por la falta de pagos.
Desde la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), su presidente, José Luis Heisecke, evitó personalizar las críticas, pero dejó en claro que el conflicto trasciende a la figura del ahora exministro.
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“Independientemente de que se haya ido o de quién llegue al Ministerio de Economía, Capaco va a pelear siempre por sus derechos”, afirmó.
Deudas atrasadas desde hace dos años
El dirigente señaló que las empresas arrastran deudas muy atrasadas, incluyendo intereses acumulados por más de dos años, lo que afecta seriamente la sostenibilidad del sector.
“Vamos a seguir en la misma lucha: que se cumplan los compromisos y que se respeten los contratos firmados con el Gobierno”, remarcó.
Heisecke cuestionó además el incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del Estado. “No puede ser que los contratos se firmen y al día siguiente se rompan cláusulas a gusto y parecer del propio contratante. No es justo”, expresó.
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Asimismo, advirtió sobre la contradicción que implica esta situación en un país que busca sostener su grado de inversión. “Nosotros somos parte del activo del Paraguay, y estas señales no ayudan”, sostuvo.
La salida de Fernández Valdovinos se da en un escenario donde persisten las dudas sobre la capacidad del Gobierno para ordenar sus finanzas y responder a compromisos pendientes con el sector privado.
También hay cuestionamientos a la meta fiscal de 1,5% del PIB fijada para este año, considerada por analistas como difícil de cumplir debido a la presión del gasto público, el peso de las deudas acumuladas y las limitadas posibilidades de aumentar ingresos sin afectar la actividad económica. Este escenario expone las dificultades del Gobierno para sostener el equilibrio de las cuentas fiscales sin seguir postergando pagos.