Los miembros del MCP, permanecen en el lugar desde hace más de un año y ocho meses, luego de haber recibido solo 140 hectáreas de las 771 en Santa Teresa Mandu’arã, distrito de Abaí, departamento de Caazapá, que les fueron prometidas en 2015.
El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, comentó a ABC que el MCP inició sus reclamos instalándose frente a la institución para exigir las tierras prometidas en administraciones pasadas, bajo una narrativa que luego cambió.
Según Ruiz Díaz, en su momento los manifestantes indicaban que las propiedades estaban ocupadas por extranjeros y que contaban con protección política. “Fuimos a verificar y encontramos una realidad distinta. El vocero del grupo, Ángel Varela, propuso una lista de nombres, quienes supuestamente ocupaban tierras que no les correspondían, y decidimos corroborarlo”, explicó.
Relevamiento en la comunidad
En ese sentido, indicó que desde el Indert se planteó convocar a un grupo de personas que debían actuar como mediadores en el conflicto, con el objetivo de elaborar un informe sobre la situación, mediante un relevamiento con pobladores de la comunidad.
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Añadió que el informe debía demostrar lo señalado por Varela, respecto a que las tierras no estaban ocupadas por paraguayos, dado que los hechos de corrupción no estaban confirmados.
“Si el informe resultaba desfavorable, él debía comprometerse, en primer lugar, a retirarse del lugar. A su vez, le aseguré que, en caso de comprobarse irregularidades, los lotes serían adjudicados a las personas que él indicara”, detalló.
Nuevo planteamiento
El presidente señaló que se acordó acatar lo que indicará el informe. “Las personas asignadas conversaron con los miembros ubicados frente a la institución y se trasladaron hasta la colonia Santa Teresa Mandu’arã, para verificar si los ocupantes eran extranjeros o si contaban con respaldo político, como se denunció”, acotó.
De acuerdo con Ruiz Díaz, tras la presentación del informe se concluyó, en primer lugar, que nunca se debió despojar de sus propiedades a campesinos para entregarlas a otros (como inicio la denuncia). En segundo lugar, que solo quedaban 20 de los nuevos adjudicados; y, por último, que las personas señaladas como extranjeras eran en realidad paraguayos descendientes de otros países.
“Se quedan por una cuestión de dignidad”
Añadió que, con base a la información recabada, los miembros del MCP debían abandonar el Indert; sin embargo, decidieron ubicarse a un costado, según el presidente, por una cuestión de “dignidad”, para no retirarse con las “manos vacías”. Actualmente, el grupo solicita que el Gobierno “les dé algún pedazo de tierra”.
Además sostuvo que cambiaron su postura y que la actual petición es distinta a la inicial. Detalló que el ente agrario deberá realizar un nuevo planteamiento (sobre nuevo pedido del grupo) al Congreso y al Poder Ejecutivo, debido al cambio en la narrativa.
“Ya no se trata de entregar tierras ocupadas por extranjeros, sino de que el Estado compre propiedades nuevas”, afirmó.
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Aseveró que el grupo liderado por Ángel Varela presentó un documento replanteando su posición respecto a lo solicitado hace un año y siete meses. Asimismo, adelantó que este sábado intentarán realizar una “reunión definitiva de cierre” para comunicar la nueva situación al Ejecutivo.
El origen del conflicto
En cuanto al inicio de la situación, el presidente del Indert señaló que se remonta a decisiones de administraciones anteriores. Recordó que el reclamo se centra en la colonia Santa Teresa Mandu’arã, en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá.
Explicó que el conflicto comenzó en 2015, cuando Justo Cárdenas, entonces presidente del Indert, decidió trasladar a unas 60 familias campesinas (el grupo que hoy se encuentra frente al ente).
Desde esa década hasta 2015, la comunidad estaba conformada por unas 470 familias. Según Ruiz Díaz, en ese momento se tomó una “mala decisión” al quitar tierras a quienes ya estaban asentados para adjudicarlas a un nuevo grupo de campesinos.
“Desde allí comienza el problema. La solución era dar nuevas tierras y no quitarles a quienes ya estaban establecidos desde hacía décadas. A los nuevos se les prometió que les prometió provisoriamente las tierras retiradas a los antiguos lugareños, hasta que posteriormente recibieran sus propios terrenos para el cultivo”, explicó.
Las 60 familias fueron instaladas en esas tierras entre 2015 y 2016, lo que generó la oposición de los antiguos ocupantes. Actualmente, esas familias están representadas por el MCP y son las que recibieron la promesa de más tierras en administraciones anteriores.
Finalmente, Ruiz Díaz indicó que, de las 60 familias originales -del Movimiento Campesino Paraguayo-, solo 20 permanecen en el lugar, mientras que unas 40 ya abandonaron las tierras que les habían sido asignadas. Las que permanecen son las que continúan en las inmediaciones del Indert, aunque actualmente en menor número.