Los Estados financieros e Informe del Auditor Independiente omiten por completo el reciente quiebre en la mesa de diálogo surgido en abril del año pasado, tras revelarse operaciones de inteligencia de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) contra autoridades nacionales, un hecho que congeló la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.
El documento oficial detalla que la Itaipú se rige por el Tratado y sus anexos, subrayando que la revisión del Anexo C debe realizarse tras cincuenta años de entrada en vigor del Tratado, considerando la amortización de las deudas y la relación de las potencias contratadas.
Según el texto, en la reunión del 21 de febrero de 2025, las Altas Partes Contratantes habían acordado que el nuevo Anexo C se firmaría a más tardar el 30 de mayo de 2025, siguiendo los lineamientos del entendimiento alcanzado el 16 de abril de 2024.
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No obstante, el reporte admite implícitamente retrasos previos al señalar que el 17 de noviembre de 2025, los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay y Brasil tuvieron que acordar nuevamente retomar las negociaciones.
A la fecha de emisión de los estados financieros, la postura oficial de la entidad es que el proceso de negociación continúa en curso, una afirmación que ignora la parálisis diplomática generada entre el 1 de abril de 2025 al 17 de noviembre de ese año.
Resulta llamativo que el Informe del auditor independiente, remitido a los Consejeros y Directores en Asunción y Brasilia, no haga mención alguna a la suspensión de la negociación realizada el 1 de abril por parte del Gobierno paraguayo.
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Cabe recordar que esta medida fue tomada como respuesta directa a los reportes de que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) realizó operaciones de espionaje entre junio de 2022 y marzo de 2023, bajo instrucciones directas de la administración de Jair Bolsonaro.
El auditor se limita a certificar que el plazo inicial para concluir la revisión, fijado para el 31 de diciembre de 2024, no fue cumplido y que, tras la reanudación de los contactos en noviembre de 2025, la revisión no se había completado. Al mantener una opinión sin modificaciones, el informe técnico evita consignar la grave crisis política que condicionó el futuro de las Bases Financieras y de Prestación de los Servicios de Electricidad de la hidroeléctrica.