La imagen de un país con baja carga tributaria es por lo general uno de los principales atractivos que ubica a Paraguay en el radar regional para inversiones. Esa imagen de impuestos bajos con la regla del 10/10/10 que en comparación con otros países de la región, le hace lucir competitivo.
Esta fórmula refiere a que los tres tributos más relevantes que son el impuesto al valor agregado (IVA), a la renta personal (IRP) y a la renta empresarial (IRE) que tienen la misma tasa del 10%.
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Sin embargo, la idea del “Impuesto Fantasma”, es cada vez más real y es la que no suele entrar en los cuadros macroeconómicos, pero que finalmente es la que se paga todos los días fuera del sistema formal. Esto se debe por ejemplo al tiempo que se pierde en trámites, en reparaciones, en servicios privados contratados por necesidad y en sobrecostos que terminan incorporándose al precio final de bienes y servicios. Y es importante considerar que los países se desarrollan cuando la estrategia del cambio está en bajos impuestos, pero también en la protección a la propiedad privada, seguridad jurídica, desmonopolización, garantías plenas a la propiedad privada, y eficiencia del gasto, entre otras
Entonces este “impuesto fantasma” se sostiene sobre múltiples mecanismos que a dirario operan como cargos que están implícitos. Es decir, no se recaudan por ventanilla ni quedan registrados en una norma tributaria, pero funcionan como una erogación extra que debe realizar el ciudadano.
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El costo de la ineficiencia estatal
Además, al considerar los costos invisibles que debe soportar el ciudadano, muchas veces son frutos de la alta burocracia, ineficiencia estatal, deterioro de infraestructura y debilitamiento de servicios públicos esenciales, y principalmente, la corrupción, que multiplica el gasto sin traducirse en bienes públicos.
Uno de los ejemplos más claros es el de la infraestructura vial y aunque el IVA no sea elevado, el ahorro que sugiere el impuesto “moderado” se diluye cuando transportar personas o productos depende de rutas en mal estado.
La ineficiencia estatal, la burocracia y la corrupción finalmente terminan pesando en el presupuesto público y generando un derroche millonario de recursos. Según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ineficiencia del gasto público genera un derroche de recursos estimado en 3,9% del PIB que en términos actuales, serían más de US$ 2.000 millones al año.
Para el ciudadano, y las empresas, el costo adicional e invisible puede aparecer por ejemplo a través de:
- fletes más caros, porque circular por caminos deteriorados encarece la logística;
- desgaste prematuro de vehículos, que obliga a cambios de repuestos antes de lo previsto;
- horas perdidas por tráfico, cortes o interrupciones asociadas a eventos climáticos como raudales.
Para el agente económico en general, empresario, productor, industrial, estos costos terminan actuando como un “impuesto a la producción”, ya que aumenta costos para empresas y trabajadores y, por efecto también, se traslada al precio que paga el consumidor.
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Principales impactos de una doble “imposición”
Finalmente, la deficiencia estatal también impactan en servicios tan elementales como son la salud y la educación. Esto debido a un sistema público debilitado, que prácticamente empuja a una parte significativa de la población , en particular la clase media, a un esquema de doble imposición
Ya que por un lado, aporta al financiamiento estatal mediante impuesto, y además paga seguros médicos y educación privada porque el servicio público no responde de manera oportuna a sus necesidades.
Ese gasto “extra” no sería opcional, sino la forma de garantizar atención sanitaria y continuidad educativa.
Entonces vemos a un Estado que “no desaparece”, porque sigue cobrando impuestos, pero que a la vez “tampoco cumple”, obligando a las familias a buscar opciones fuera del servicio público.
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El impacto de la corrupción en el bolsillo
Otro costo implícito, muchas veces invisible, que terminan afectando a los ciudadanos en su día a día son las prácticas como licitaciones infladas, facturas falsas y desvío de fondos, que encarecen obras y servicios públicos.
Como resultado, la corrupción en estas esferas, se termina pagando más por proyectos que cuestan más de lo que deberían; y además, se recibe menos, porque el dinero no se traduce en hospitales con insumos, escuelas en buen estado o infraestructura funcional.
Así, la corrupción se convierte en un “tributo” informal: extrae recursos y, al mismo tiempo, degrada la calidad de lo que se entrega, reforzando la necesidad de que los ciudadanos cubran por su cuenta lo que falta.
La idea de “lo barato sale caro” aparece como síntesis: una carga tributaria baja, por sí sola, que no garantiza un costo de vida menor si la población debe absorber el costo de la ineficiencia estatal.
En esa línea, más que celebrar la presión tributaria, se debe evaluar la calidad del gasto público y su impacto real en la vida diaria.