El gasto social ejecutado por el Estado alcanzó G. 8,8 billones entre enero y marzo de 2026, una cifra supone un incremento del 5% respecto del mismo periodo del año pasado, de acuerdo con un reporte elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DGP), dependiente de la Gerencia de Gestión Financiera del Estado del Viceministerio de Administración Financiera (VAF) y difundido este martes por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El sector de Promoción y Acción Social registró el aumento más pronunciado del trimestre al incrementarse un 16 por ciento. Según el informe citado por el MEF, este comportamiento se explica por un mayor nivel de desembolsos asociado a la ampliación de la cobertura del programa de Pensión Universal para Adultos Mayores.
El documento también atribuye el incremento a transferencias realizadas por el Estado que incluyen envíos a gobiernos subnacionales, además de transferencias canalizadas hacia organizaciones no gubernamentales y otras entidades. En conjunto, estos componentes elevan el peso operativo del área social.
El sector de Educación mostró un crecimiento del 13% en la ejecución, orientado principalmente a sostener la prestación de servicios educativos en distintos niveles de la Educación Escolar Básica (EEB) y la Educación Media (EM).
El reporte destaca los recursos vinculados a la provisión de alimentación escolar dentro del programa Hambre Cero.
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Cómo se reparte el gasto social
Más allá de las variaciones interanuales por sector, la estructura del gasto social ejecutado en el primer trimestre muestra la siguiente distribución:
- Educación: 34%
- Salud: 24%
- Promoción y Acción Social: 22%
- Seguridad Social: 18%
- Resto del gasto: 2 %

Prioridad fiscal
La ejecución de la Administración Central alcanzó G. 16,1 billones al cierre del mes de marzo. Es decir, que de acuerdo a lo señalado anteriormente, más de la mitad de los recursos ejecutados se orientaron a la prioridad fiscal del sector social, que representó el 55% del total, lo que implica que, por cada G. 100 ejecutados, G. 55 fueron destinados a la provisión de servicios sociales, destaca el reporte.
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