El Gobierno anunció el viernes último, en Mburuvicha Róga, el desembolso de US$ 150 millones para saldar deudas con empresas constructoras, con el objetivo de reactivar el ritmo de las obras públicas.
El anuncio fue encabezado por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, junto con el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y representantes de gremios como la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa).
Sin embargo, más allá del alivio inmediato para el sector, siguen las dudas sobre la intención del Gobierno de cumplir con la meta de déficit fiscal de 1,5% prevista para este año, en el marco del plan de convergencia fiscal.
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, advirtió que el problema va más allá de lo que reflejan las cifras oficiales. “Puede ser que no aparezca en los libros contables del Estado, pero la verdad es que esas deudas existen dentro del Estado”, afirmó tras el conversatorio “Paraguay en perspectiva: economía, inversión y desarrollo”, realizado el miércoles último.
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Déficit fiscal y deudas: hay diferentes posturas y dudas de poder llegar al 1,5% este año
Heisecke puso en duda que la meta fiscal sea alcanzable en el corto plazo. Recordó que el 2025 habría cerrado con un déficit cercano al 4%, pese a que en los registros figuraba 2%, y señaló que “es casi imposible” reducirlo al 1,5% en las condiciones actuales.
Según explicó, el debate de los economistas hoy está dividido entre distintas posturas, pues mientras algunos plantean aumentar impuestos, otros rechazan elevar el déficit, mientras que también se discute la calidad del gasto público.
En este punto, mencionó el peso de programas sociales como Hambre Cero, las transferencias a adultos mayores y el sistema de jubilaciones y pensiones.
“No queremos estar en medio de ese conflicto, pero claramente hay un problema en la calidad del gasto”, sostuvo.
En cuanto al pasivo con las constructoras, Heisecke detalló que los últimos datos del sector hablan de unos US$ 220 millones en certificados de obra pendientes de pago, a los que se suman entre US$ 120 millones y US$ 130 millones en intereses, montos que siguen variando día a día.
Confian en nuevo ministro del MEF
En paralelo, destacó que el nuevo ministro de Economía, Óscar Lovera, inició mesas de trabajo con el sector, enfocadas en tres ejes: la reglamentación del factoraje o cesión de derechos, la ley para pagar los intereses y el plan de caja del presupuesto 2026.
Además, señaló que Lovera se comprometió a acelerar los desembolsos, lo que ya comenzó a materializarse con la habilitación de un primer plan de caja. “Nos pidió confianza en su gestión y hoy ya demostró que va a actuar”, indicó.
Aun así, el trasfondo sigue siendo la meta fiscal. Los compromisos acumulados —registrados o no plenamente en las cuentas— representan una presión adicional sobre las finanzas públicas y plantean interrogantes sobre la viabilidad del ajuste proyectado.
En ese contexto, el pago anunciado por el Gobierno aparece como una medida necesaria para sostener la actividad, pero también como un recordatorio de que el déficit no solo se mide en cifras oficiales, sino también en obligaciones pendientes que, tarde o temprano, deben ser cubiertas.