A escasas horas de que el Tratado de Itaipú cumpla 53 años este 26 de abril, el ambiente en torno a la revisión del Anexo C se percibe cargado de incertidumbre y secretismo. En una entrevista, el Ing. Guillermo López Flores, exasesor técnico del equipo negociador paraguayo conformado durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, analizó el complejo escenario en el que convergen las urgencias políticas de Brasilia y las debilidades estructurales de Asunción.
Para el especialista, el manejo de las tratativas por parte del actual Gobierno paraguayo se caracteriza por un “hermetismo total”, algo que considera “un estándar en el manejo de los importantes negocios públicos en Paraguay”. Si bien admite que no se puede negociar “en una pecera”, recalca que existe una alarmante falta de información y participación de sectores clave como la academia, la industria y los partidos políticos.
El factor Lula y la tarifa 2026
Brasil dejó clara su postura en el acuerdo Peña-Lula del 2024: la tarifa debe bajar. Según López Flores, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta una presión interna feroz, ya que la energía representa el 8% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en su país. Con las elecciones de octubre de 2026 en el horizonte y la sombra de una oposición fortalecida, el mandatario brasileño no puede permitirse que una tarifa alta sea interpretada como un “regalo” a Paraguay.
“Lula no puede llegar a octubre de 2026 con una tarifa de Itaipú alta. Enfrentado ideológicamente con el presidente Peña, le cuesta justificar los gastos socioambientales. Brasil ve cómo se gastan esos fondos y podría decir: no podemos financiar el botín político”, explicó el consultor.
Esta tendencia a la baja pone en jaque el modelo de financiamiento local. López Flores advierte que ante la pérdida del “auxilio” de Itaipú, el Gobierno deberá buscar una salida urgente al severo déficit tarifario de la ANDE, que actualmente es incapaz de solventar sus inversiones sin recurrir a deuda soberana.
Mercado libre: un salto al vacío
Uno de los puntos más celebrados por el Gobierno fue la habilitación para vender energía paraguaya al Ambiente de Contratación Libre (ACL) de Brasil. Sin embargo, el ingeniero pone paños fríos al entusiasmo oficialista. Asegura que el Paraguay siempre ha vivido bajo un monopolio estatal autorregulado y carece de experiencia en la competencia real.
“Vender en el mercado mayorista brasileño es una cuestión compleja, con riesgos nunca enfrentados por nosotros. Los precios son extremadamente competitivos y no garantizan automáticamente una ganancia que justifique el riesgo”, señaló, citando como ejemplo los magros resultados de la licitación de los 100 MW de la Central Acaray.
Para el experto, la verdadera ventaja para el desarrollo nacional sería una tarifa al costo del servicio, pues la energía barata es la mayor ventaja comparativa del país para atraer inversiones y crear riqueza, aunque admite que “nos falta mucho” para materializar ese potencial productivo.
El capítulo cerrado de la “deuda espuria”
Respecto al informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la denominada deuda espuria, López Flores sostiene que el tema no forma parte de la agenda actual y critica la metodología del ente de control. A su criterio, los subsidios tarifarios otorgados históricamente beneficiaron a ambos países y fueron cancelados en su totalidad en 2023.
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El ingeniero sostiene que el dictamen de la CGR no fue tomado en cuenta por el Ejecutivo debido a que no fue una auditoría financiera formal y no respetó el Manual de Auditoría Gubernamental, omitiendo el proceso de comunicación de observaciones a los responsables para sus respectivos descargos.
“El dictamen de la CGR no fue tomado en consideración en ningún momento por el gobierno. De lo contrario, por ejemplo, habría ordenado a los consejeros paraguayos a bloquear el pago por Itaipu a los acreedores. Tal vez no fue tomado en consideración porque no era una auditoria formal realizada con los procedimientos reglamentarios”, señaló textualmente quien era asesor del equipo negociador cuando la CGR dio a conocer el citado informe.