Petróleos Paraguayos (Petropar) finalmente rescindió el contrato con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que incumplió la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoíl por más de US$ 61 millones.
La cancelación del contrato se concretó a través de la Resolución PR/WW N° 152/26 del titular de la petrolera pública, William Wilka, con fecha del 20 de abril último, pero que recién se dio a conocer hoy en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Justamente, mañana vencía la décima prórroga, pero desde la petrolera pública siguen sin informar oficialmente sobre la rescisión, que recién ahora se difundió a través de la publicación de la citada resolución en el portal de la DNCP.
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El titular de la petrolera estatal se mantiene en silencio sobre la terminación del trato con la incumplidora compañía. Pese a nuestras insistencias, no respondió las consultas de ABC, al igual que la Dirección de Comunicaciones, dirigida por Norma Caballero, quien, pese a la existencia sobre acceder a la resolución de cancelación del contrato, mencionó que aún se aguardaba información sobre el caso.
Wilka “encomendó” ejecución de la garantía, pero no se sabe si se cobró
La empresa en cuestión no entregó ni una sola gota del combustible comprometido, pese a haber recibido diez prórrogas, y la resolución de Wilka encomendó a la Dirección Operativa de Contrataciones la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato emitida por el Banco Continental SAECA en fecha 29 de diciembre de 2025, a favor de Petropar, “por su monto total, debiéndose presentar el requerimiento escrito de pago ante dicha entidad bancaria, acompañándose copia autenticada de la presente resolución”, reza en el documento.
Concretamente, la petrolera pública debe cobrar US$ 3.050.000 de dicha caución, pero hasta ahora no informaron si lograron recuperar el monto asegurado.
Recordemos que la caución del Banco Continental fue emitida un año y tres meses después de la firma del contrato, el cual se rubricó el 30 de septiembre de 2024.
Inicialmente, Doha Holding había presentado solo una declaración jurada como garantía de fiel cumplimiento, acompañada de un documento del Qatar International Islamic Bank (QIIB), redactado en árabe, con el que supuestamente acreditaba su solvencia.
El documento estaba firmado por el jeque Khalifa bin Hamad Al-Thani, quien figura como representante legal de la firma en el contrato, publicado casi dos meses después de la adjudicación.
Empresa catarí quiso suspender el contrato
Siempre según la resolución de rescisión del contrato, a pesar de que Petropar otorgó 10 extensiones de plazo (adendas), la empresa nunca entregó el gasoíl. El contrato se había firmado originalmente el 30 de septiembre de 2024 y, para abril de 2026, seguían sin cumplir.
De acuerdo con el documento, la empresa intentó suspender el contrato alegando “fuerza mayor” debido a conflictos internacionales por la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, Petropar rechazó esto porque Doha no presentó ninguna prueba (como documentos de embarque o identificación del barco) que demostrara que el producto realmente existía o estaba en camino.
Petropar concluyó que, faltando pocos días para el vencimiento del contrato (30 de abril de 2026), era físicamente imposible que el combustible llegara a destino, confirmando en la propia resolución la falta de capacidad o voluntad de la proveedora.
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Los que están detrás del contrato
En el portal de Contrataciones Públicas, inicialmente aparecían como representantes de la firma catarí Alejandro Facundo Domínguez Pérez y Saad Doukali. Posteriormente, tras la firma del contrato —luego de observaciones de la DNCP—, se incorporó también al jeque Al-Thani en la lista de representantes de la compañía.
La sede local de la firma fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, del dirigente deportivo Julio Jiménez, hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y cercana a Alejandro Domínguez.
Documentos a los que accedió este medio señalan que el propio Julio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en representación de la empresa.
Durante la administración de Eddie Jara, la estatal defendió a “capa y espada” el contrato pese a los incumplimientos, alegando que la firma catarí ofertó un precio de US$ 610 por tonelada métrica, muy por debajo de los precios internacionales. Señalaron que la operación permitiría importantes ahorros; sin embargo, al parecer, solo en la estatal creyeron en este “milagro” que este diario advirtió desde el día uno.