En medio de un caldeado debate y fuerte críticas, los senadores lograron los votos para aprobar y dar media sanción al proyecto de Ley que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a pagar intereses moratorios correspondiente a compromisos no cancelados dentro de los plazos contractualmente establecidos, generadas por certificados de obras de infraestructura y con lo cual pretenden en parte dar un alivio a las empresas constructoras afectadas por esta situación, además de evitar conflictos judiciales y garantizar la continuidad de los proyectos, según las argumentaciones.
El Gobierno adeuda más de US$ 300 millones a constructoras, y estiman que el valor de estos intereses moratorios ronda los US$ 100 millones.
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Igualmente, el proyecto faculta al MEF a realizar las adecuaciones de códigos, conceptos y programación de montos, de acuerdo con el clasificador presupuestario vigente y las técnicas de programación de ingresos, gastos y financiamiento, con el objetivo de garantizar la correcta registración, imputación y ejecución presupuestaria en el ejercicio fiscal correspondiente.
Durante el estudio en particular del proyecto, se introdujeron modificaciones, entre ellas la incorporación de un nuevo artículo que establece que la normativa entrará en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2026.
Entre las argumentaciones, los proyectistas (mayormente cartistas) indicaron que la falta de pago oportuno por parte del Gobierno a estas empresas ha generado tensiones económicas y sociales, afectando la cadena de pagos en el sector de la construcción y perjudicando a proveedores de insumos, servicios y mano de obra vinculados a estas obras, especialmente de las más pequeñas y que este pago representará una inyección de liquidez importante para estas empresas.
Recordaron igualmente que actualmente hay varias obras paralizadas por la falta de pagos, e incluso muchas han quebrado, por lo que urgen esta medida de auxilio.
El proyecto de ley que consta de cuatro artículos fue discutido primero en sesión extra de comisión de Hacienda para dictaminar y luego en sesión ordinaria para su aprobación, y tras este primer trámite, pasa ahora a la Cámara de Diputados.
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Críticas al proyecto
En un extenso debate sobre el punto, varios legisladores como Líder Amarilla (PLRA), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Rafael Filizzola (PDPP) entre otros, se manifestaron en contra del proyecto y advirtieron que lo aprobado por los legisladores raya lo inconstitucional. Argumentaron que ninguna ley debe ser retroactiva y consideran un despropósito aprobar una ley para modificar condiciones contractuales que fueron aprobadas en periodos anteriores.
Entre los más incisivos el senador Líder Amarilla lamentó la falta de datos e informes sobre estas obras el estado de las mismas. Dijo que tampoco se cuenta con un informe sobre el nivel de cumplimiento de las contratistas y cuestionó que se esté pagando por obras que ni siquiera se saben si están concluidas o si existen.
A su vez el senador Rafael Filizzola aseveró que la ley que aprobó el Senado es inconstitucional desde el principio hasta el final del texto. “No se puede alterar condiciones que ya establecieron en su momento y el que quiera demandar lo puede hacer tanquilamente. El Congreso no debe prestarse a estas cosas, no es el patio trasero para resolver la incapacidad de los burócratas”, afirmó.
Cesión de deuda sigue esperando
Otro de los puntos que figuraba en agenda del senado es el modifica y amplia la cesión de derecho de deuda o factoraje, pero el mismo que ya no pudo ser tratado, debido a que se declaró cuarto intermedio para el almuerzo, pero luego ya no se retomó la sesión.
Este proyecto pretende entre otros puntos, que el Gobierno asuma los gastos financieros de la operación de cesión de deuda y amplía el alcance en el rubro de salud, a los servicios que no están incluidos en plan vigente.