La Cámara de Senadores debía tratar este martes el proyecto de ley que modifica el artículo 279 de la Ley N.º 7609/25, que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026. Se trata de una iniciativa legislativa que busca financiar el pago de la deuda estatal con sus proveedoras.
Concretamente, según el texto que se envió a comisiones del Senado, este proyecto -que hace más de tres meses se encuentra estancado en el Congreso- busca ampliar el alcance de las operaciones de cesión de derechos de cobro para proveedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Con el primer sector se arrastra una deuda de más de US$ 1.000 millones y con el segundo, de más de US$ 350 millones.
En ese sentido, la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) solicitó a las autoridades a que puedan dar celeridad y tratar el proyecto mencionado en la jornada, sin embargo, los congresistas volvieron a postergar su tratamiento.
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La iniciativa que figuraba en el orden del día de la sesión extraordinaria del Senado, no fue tratada por falta de de quórum, ya que además no contaba con dictamen; quedando así postergada para una próxima sesión de la Cámara Alta.
La normativa autoriza a la cartera de Salud a incluir, además de los contratos de adquisición de medicamentos, obligaciones derivadas de la provisión de bienes y servicios esenciales.
El proyecto fue presentado en abril de este año
El proyecto de ley “Que modifica el artículo 279 de la Ley N° 7609/25 ‘Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026′” fue presentado por los senadores Esperanza Martínez, Silvio Ovelar, Antonio Barrios, Natalicio Chase, Patrick Kemper, Pedro Díaz Verón, Ignacio Iramain y Carlos Liseras el 29 de abril de 2026.
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Ley facilitará el acceso a mecanismos financieros
Así también de aprobarse la Ley, la misma facilitará a los proveedores el acceso a mecanismos financieros que les permitan anticipar el cobro de créditos reconocidos por el Estado.
Entre los aspectos más relevantes, el proyecto establece que toda cesión deberá contar con autorización previa y expresa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que los costos financieros asociados a estas operaciones, como comisiones, intereses o tasas de descuento, serán asumidos exclusivamente por el Estado, de modo a garantizar que los proveedores perciban el valor nominal total de sus créditos.
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Asimismo, dispone que podrán cederse únicamente créditos cuya cancelación esté prevista en un plazo máximo de tres años y aclara que las disposiciones alcanzarán a todas las modalidades de transferencia de créditos, incluyendo factoring, descuento de facturas y otros instrumentos similares.
Finalmente, establece que ninguna clasificación presupuestaria podrá utilizarse para excluir de estos mecanismos a deudas reconocidas por bienes o servicios esenciales para la atención sanitaria.