Gobierno defiende contrato con Atome, que sindicatos de ANDE denuncian como un “millonario subsidio”

El proyecto ATOME, en Villeta.
El proyecto ATOME, en Villeta.Gentileza

El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, defendió hoy el polémico acuerdo comercial de 15 años, que otorga a Atome una tarifa de US$ 30/MWh. Mientras el Gobierno justifica el precio para atraer la primera fábrica de “fertilizantes verdes”, los cuatro principales gremios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunciaron una acción de inconstitucionalidad, porque el trato representa un “subsidio” que terminará pagando el ciudadano común.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, minimizó las críticas generadas sobre la ANDE, sus tarifas y la forma de vender los recursos energéticos del país. Aseguró que la instalación de la industria de “fertilizantes verdes”, Atome, diversificará la matriz exportadora y ayudará a sustituir importaciones. Fue en una entrevista con Radio Monumental.

Riquelme argumentó que las industrias de este tipo “no pueden pagar más de 30 dólares hoy en la generación del producto a nivel energético". Explicó que esto es así “porque son industrias nuevas y hay que competir con un fertilizante ya maduro, que es el fertilizante tradicional, que tiene costos muy bajos“.

Añadió que “cualquier industria no va a venir a invertir un billón de dólares si no se les asegura energía por lo menos 15 años”.

Ante el cuestionamiento de que la tarifa técnica de la estatal es de 44 dólares por MWh, el ministro alegó que esta cifra incluye todas las pérdidas del sistema (alrededor del 28%). Explicó que, como la planta se conectará directamente a la línea de 220 kV (alta tensión), las pérdidas serán de apenas un 3%, acercándose al costo promedio de generación, que según sus datos es de 28 dólares.

Apuestas al Anexo C y a la criptominería

Para sostener la viabilidad de vender la energía a ese precio, el titular del MIC especuló con una drástica reducción de costos en Itaipú, la hidroeléctrica compartida con Brasil. Afirmó que “lo más probable es que el costo de la energía baje por lo menos un 40% a 50% con la negociación del Anexo C“, lo que abarataría los números de la empresa estatal.

Además, intentó calmar la situación de alarma sobre el agotamiento de los recursos energéticos de Paraguay. Manifestó que actualmente el país destina 1,3 gigavatios a la criptominería, afirmando que esta actividad “mejora la salud financiera de la ANDE” a corto plazo.

“En todos los contratos de cripto está que cuando nosotros llegamos a ese pico de potencia, se pueden apagar las máquinas (...) y ahí tenemos 1,3 gigavatios de vuelta disponible”, explicó Riquelme. Con esto, desafió a los críticos cuestionando si Paraguay quiere ser un país “que le dice no a las inversiones” o uno que usa sus excedentes antes de que se desperdicien.

Gremios denuncian daño patrimonial

El discurso oficial choca frontalmente con la contundente advertencia de los técnicos y profesionales del sector eléctrico. Cuatro sindicatos -Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), el Sindicato de Profesionales de la ANDE (Sipra) y el Sindicato de Profesionales Graduados Universitarios de la ANDE (Aproande) emitieron un duro pronunciamiento para alertar del daño patrimonial que sufrirá la institución por culpa de estas decisiones políticas.

Los gremios confirmaron la contratación del especialista en derecho constitucional, el abogado Jorge Rolón Luna, para presentar una acción de inconstitucionalidad contra los Decretos N° 5306, 5307, 5860 y 5861, normativas que brindan el ropaje legal a estas concesiones energéticas a largo plazo.

Los sindicalistas denuncian que la firma de estos contratos producirá un subsidio direccionado por 15 años a favor de un grupo empresarial específico. Advierten que este sobrecosto, generado por vender por debajo de la tarifa técnica, terminará siendo asumido indefectiblemente por todo el pueblo paraguayo.

El riesgo de tarifazos para la ciudadanía

Advierten igualmente que los recursos hidroenergéticos abundantes están llegando a su límite. Consideran inaceptable comprometer las reservas a precios irrisorios, cuando el país pronto necesitará incorporar nuevas fuentes de generación que, sin dudas, serán más caras.

Según la denuncia conjunta, regalar este margen compromete gravemente la estabilidad financiera, operativa y técnica de la ANDE. Los sindicatos dicen que estas medidas implicarán futuras “modificaciones tarifarias”, trasladando el peso de “este negociado” a la factura de todos los usuarios del servicio eléctrico.

Finalmente, Riquelme preguntó “¿qué es lo que queremos nosotros como país, seguir empujando a la atracción de industrias gracias al exceso de energía que tenemos todavía hoy?“, considerando que se le sigue cediendo al Brasil gran parte del excedente. ”¿O queremos ser un país que le dice no a las inversiones y que cuida esa energía que es el producto más perecedero del mundo, porque la energía vence en el segundo en el que se genera", apuntó.