La Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (SITRANDE), el Sindicato de Profesionales de la ANDE (SIPRA) y la APROANDE emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su rechazo a los decretos N° 5306, 5307 y sus modificatorios 5860 y 5861, firmados por el presidente Santiago Peña.
Los gremios señalan que las medidas “ocasionarán un daño patrimonial significativo a la ANDE” y afirman que actuarán en defensa de los intereses nacionales y del patrimonio de la institución.
En el comunicado, las organizaciones informan que decidieron contratar al abogado Jorge Rolón Luna para promover una acción de inconstitucionalidad contra los decretos vigentes.
El objetivo, según expresan, es “el resguardo de la legalidad, la institucionalidad y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”.
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Advertencia por impacto tarifario y subsidios
Los gremios denuncian que la aplicación de los decretos implicaría la firma de contratos que derivarían en un subsidio de 15 años para un grupo empresarial vinculado a criptominería, data centers y producción de hidrógeno.
Sostienen que dicho costo sería trasladado a la ciudadanía mediante la tarifa eléctrica de la ANDE.
En el comunicado se afirma: “Anunciamos, que estas medidas podrían implicar futuras modificaciones tarifarias, trasladando los costos de tales decisiones a los usuarios del servicio eléctrico.”
Riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico
Las organizaciones advierten además sobre posibles efectos en la estabilidad financiera y operativa de la ANDE y del Sistema Eléctrico Nacional.
Señalan que la situación energética del país enfrenta un escenario de mayor presión sobre los recursos hidroenergéticos y que cualquier decisión de este tipo podría comprometer el desarrollo económico y social.
También rechazan alternativas de compensación vía fondos de Itaipú o transferencias del Gobierno central, al considerar que igualmente representarían un traslado del costo a la ciudadanía.
Los gremios firmantes ratifican su postura de vigilancia permanente ante decisiones que afecten a la institución.