La crisis se desató el martes último, cuando el Gobierno decidió anular el Decreto N.° 5307 (y su modificatorio N.° 5861). Esta normativa limitaba la potencia a ser contratada para proyectos de “Energía a X” a 250 megavatios que el paraguas legal que beneficiaba a Atome para acceder a una tarifa preferencial de unos US$ 30 por megavatio hora (MWh), fijos durante 15 años.
En el mismo paquete, aunque con otros decretos, el Poder Ejecutivo equiparó la tarifa de los centros de datos e inteligencia artificial con los niveles de la criptominería.
Cabe recordar que ayer estaba prevista una reunión entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y los directivos de Atome para destrabar el conflicto generado ante estos sucesos. Sin embargo, el encuentro fue pospuesto a última hora debido a una convocatoria al Consejo Asesor Empresarial del MIC, y hasta el momento la mesa de diálogo no tiene una nueva fecha conocida.
Lea más: Giménez defiende la tarifa baja para Atome: “era una inversión, no un daño patrimonial”
“Acá perdemos todos”, advierte Spalding
A pesar del sorpresivo cambio de las reglas de juego en el Estado, James Spalding intentó mantener una postura cautelosa, aunque dejó en claro el enorme perjuicio económico en juego. “Se continúa conversando constructivamente con el Gobierno y la ANDE, teniendo en cuenta que se considera que, de confirmarse, será una inversión histórica, superior a los US$ 650 millones“, reiteró el empresario a ABC Color.
Spalding salió al paso de las críticas técnicas y políticas que tildan el acuerdo de entreguista. Aseguró que la operación representará ingresos superiores a US$ 1.000 millones para la empresa estatal de electricidad.
“Haciendo un cálculo conservador, se estima que los ingresos para la ANDE serán superiores a los US$ 1.000 millones, en vez de ceder dicha energía a nuestros vecinos. No existen subsidios y mucho menos daño patrimonial para la ANDE“, enfatizó de forma tajante.
Spalding, que también es exdirector general de Itaipú, defendió el impacto macroeconómico que tendrá el complejo industrial si se encamina la negociación, asegurando que se trata de un “claro caso de atracción de inversiones”.
“Como lo decían ayer muy bien los representantes del Consejo Asesor Empresarial, acá perdemos todos, no solo la ANDE, no solo Atome, sino un país que busca abrirse al mundo como destino de inversiones claves", argumentó.
Alerta por la seguridad jurídica
El ejecutivo de la firma internacional detalló la estructura que sostiene el millonario plan e indicó que la repentina anulación de las condiciones preestablecidas enciende las alarmas entre los financistas globales. Entre los aportantes para este proyecto figuran entidades como la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, el BID Invest, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el FMO (Fondo Holandés para el Desarrollo).
Lea más: ANDE: costo de generación subirá a US$ 50, que hará inviable la tarifa fija que pide Atome
“Estamos aguardando una propuesta formal nueva de la ANDE, pero en estas circunstancias, más que la propuesta, se necesita reafirmar un contrato con términos convenientes y previsibles, porque propuestas y acuerdos ya los teníamos desde mucho antes", explicó Spalding, poniendo en duda seriedad institucional en el manejo del sector energético.
“Puedo asegurar que voy a dejar todo en la cancha, y vamos a hablar hasta que no podamos hablar más”, señaló el ejecutivo en otra entrevista con Radio Monumental. Y agregó que “no va a ser de nuestro lado los que nos vamos a levantar de la mesa si hay todavía interés en que el Paraguay se pueda desarrollar con este tipo de proyectos”.
El representante de Atome advirtió que hay inversionistas extranjeros que están apostando por primera vez a un mercado emergente como el paraguayo. “La caída de este proyecto podría generar importantes cuestionamientos sobre la seguridad jurídica nacional“, alertó, antes de dejar el balón en la cancha del Gobierno.