En el marco de un juicio oral y público correspondiente a la causa penal N.° 6529/2024, la Justicia dictó sentencia contra Cristian Daniel Jara Villalba y Ramón Martínez Morínigo, hallados culpables como autor y coautor del hecho punible de sustracción ilegal de energía de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Si bien la pena de dos años de cárcel cuenta con suspensión en su ejecución, el fallo es considerado por la ANDE una victoria jurídica importante para frenar el saqueo eléctrico. La resolución determinó que Martínez Morínigo, titular del medidor, no logró demostrar que desconocía el funcionamiento de la industria ilícita en su propiedad.
Desde la empresa estatal destacaron que la medida “representa un precedente contundente”. A través del fallo, se establece que la Justicia no solo procesará a quienes manipulen los cables, sino también a "quienes faciliten, permitan o se beneficien" de acciones que golpeen al sistema eléctrico nacional.
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El operativo en Minga Guazú
El esquema fue desbaratado el 25 de abril de 2024, tras un operativo conjunto entre técnicos estatales, el Ministerio Público y la Policía Nacional en un predio ubicado en el Km 14 Monday de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná.
Los fiscalizadores detectaron que el lugar contaba apenas con un suministro básico en baja tensión, pero escondía una enorme conexión directa en Media Tensión. Para alimentar las máquinas, los “criptomineros” utilizaban un transformador de 1.000 kVA en la clandestinidad.
Durante aquel procedimiento, liderado por el fiscal Alcides Giménez, la comitiva logró incautar un total de 476 procesadores de criptomonedas. Además, se desmantelaron el transformador irregular y unos 300 metros de cableado que servían para robar la energía.
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Un agujero de G. 270 millones
El robo de electricidad a gran escala para fabricar monedas virtuales representa un duro golpe a las arcas públicas. Los análisis técnicos de la ANDE revelaron que esta granja clandestina en particular generaba un daño patrimonial estimado en G. 270.000.000 cada mes.
Además de la condena penal por los delitos de sustracción de energía, perturbación de servicios públicos y sabotaje, los condenados deberán responder económicamente. Se les exige el pago de la energía robada, los costos del operativo y las multas correspondientes.
La defensa del patrimonio institucional durante el juicio estuvo a cargo de los abogados Víctor Insaurralde y Diego Javier Fernández. Tras la sentencia, la ANDE ratificó su "tolerancia cero" y prometió endurecer los controles para llevar ante la Justicia a quienes sigan lucrando a costa de los recursos del Estado.