En América Latina y el Caribe (ALC), esta crisis profundiza brechas socioeconómicas y condiciona el desarrollo sostenible. El consumo anual de plástico por habitante es de 50,9 kg, lo que representa aproximadamente una tercera parte del promedio per cápita de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es de 156 kg; pese a esto, la región enfrenta una grave crisis debido a amplias deficiencias en infraestructuras de recolección y reciclaje.
ALC produce solo el 4% de las resinas plásticas mundiales y depende de la importación de plásticos vírgenes o productos terminados. Además, la mayor parte de los residuos plásticos se deposita en medios no controlados, por lo que terminan en vertederos de cielo abierto, ríos y costas.
El modelo lineal actual genera impactos climáticos y ecológicos críticos porque la producción de plástico primario fósil emite cuantiosos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en Chile, se constató que la huella de carbono de la resina virgen es cinco veces mayor que la reciclada (3,12 kg frente a 0,6 kg de CO2 por kilogramo de material).
A su vez, al filtrarse al medio ambiente, los plásticos inundan las costas regionales, por lo cual el Mar Caribe es uno de los más contaminados del mundo. De hecho, el 80% de su basura marina son fragmentos plásticos, mayormente botellas y descartables.
Estas deficiencias imponen serios riesgos sanitarios y de salud pública. La acumulación de plásticos obstruye alcantarillados y ríos, lo que ocasiona inundaciones y aguas estancadas que propagan enfermedades vectoriales como el dengue y el cólera. Adicionalmente, la quema habitual al aire libre de basura libera dioxinas y furanos nocivos para las vías respiratorias y cardiovasculares.
Además, esta crisis golpea severamente a los recicladores informales, mayoritariamente mujeres, quienes realizan una labor esencial en condiciones precarias, expuestos a patógenos y compuestos tóxicos sin protección social básica.
Varios países de la región lideran avances normativos ambiciosos. En el caso de Chile, mediante la Ley N° 21.368, prohibió los productos plásticos de un solo uso en locales de alimentos y el poliestireno expandido (EPS, por sus siglas en inglés). También, fijó metas progresivas de hasta un 70% de material reciclado en botellas para 2060. En paralelo, Costa Rica y Panamá diseñaron hojas de ruta de preconsumo que impulsan la sustitución por papel o compostables, así como modelos de relleno y reúso.
En Paraguay, la transición también empieza a tomar forma. Además de la Ley N.º 7014/2022, que establece una incorporación progresiva de polietileno tereftalato (PET, por sus siglas en inglés) reciclado hasta alcanzar un mínimo del 40% en 2030, se lanzó en 2025 la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos (NPAP Paraguay), que trabaja en una hoja de ruta nacional y en la medición de la huella plástica, con escenarios de acción proyectados hasta 2040.
Por tanto, la transición de América Latina y el Caribe hacia una economía circular en materia de plásticos de un solo uso, de acuerdo con la CEPAL, requiere un enfoque integral que trascienda las medidas regulatorias aisladas y promueva el fortalecimiento simultáneo de las capacidades institucionales bajo el paradigma Técnico, Operativo, Político y Prospectivo (TOPP): en lo Técnico, avanzar en el ecodiseño y facilitar el reciclaje; en lo Operativo, implementar sistemas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) con metas de reciclaje y de Depósito-Reembolso (SDR) para botellas, a modo de maximizar la recolección limpia; en lo Político, desarrollar marcos regulatorios y mecanismos de coordinación; y en lo Prospectivo, anticipar escenarios futuros e incorporarlos en las decisiones.
* Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones.