Seguidamente, el 3 de mayo de 2022, ANDE suscribió –obviamente con la “venia” de Mario Abdo, el presidente de turno– el contrato de suministro a Atome por 60 MW iniciales, según el Pliego de Tarifas N.º 21, categoría 620, que arrojaba, en la época, una tarifa de tan solo 28 US$/MWh (2).
Ignoraban Abdo y Sosa así el vigente Decreto N.º 7551/2017, que regía las tarifas para las industrias electrointensivas (IEI), como evidentemente es la fabricación de hidrógeno por electrólisis del agua.
En ese decreto, la tarifa era de 65,91 US$/MWh para el área metropolitana, más reajuste anual según pérdida de valor del dólar, lo que elevaba la tarifa por encima de 70 US$/MWh. Así, el subsidio otorgado en mayo del 2022 por Sosa/Abdo a Atome era superior a (70 – 28 =) 42 US$/MWh.
Peña agravó esta situación, promulgando el Decreto 5307/2026, que le otorgaba tarifas entre 25 y 30 US$/MWh a Atome. Luego, al derogar este decreto en abril, Peña se reafirmó otorgando a las “energías a X”, como es el hidrógeno, la misma tarifa regalada e ilegal, hasta 250 MW según decreto 5861/2026, en una no casual coincidencia con el primer memorando de entendimiento de noviembre del 2021. Por presión ciudadana, finalmente, Peña derogó este decreto, pero siguió insistiendo en que el presidente de ANDE debía encontrarle una “solución”. Atome siguió firme en su pretensión de mantener el privilegio de tarifas regaladas e ilegales.
Ahora, Atome amenaza con demandar al Estado paraguayo ante el tribunal arbitral del CIADI –que siempre falla a favor de las transnacionales– exigiendo 665 millones de dólares, que dicen sería su inversión.
Antes, Peña dio su acuerdo para el préstamo que el BID Invest le otorgó a Atome, con eventual garantía del BCP, para peor, complicando aún más la responsabilidad del Estado paraguayo.
Todos los actos que realizaron Sosa, Abdo, Peña y Cartes –este dando su acuerdo implícito o explícito como presidente del partido de gobierno [En un Estado de Derecho, el partido gobernante es corresponsable de los actos del gobierno de turno; si la ANR, presidida por Horacio Cartes, no hubiera estado de acuerdo con las decisiones de Peña, debería haberlo hecho público e incluso debería haberle retirado el apoyo a su gobierno, que no lo hizo, por lo que su responsabilidad es íntegra e indiscutible como presidente de la ANR.] – son gravemente lesivos a los intereses del Estado paraguayo. Son actos ilegales, pues la Carta Orgánica de ANDE establece que la tarifa debe reflejar todos los gastos de explotación, más el 8% sobre la inversión inmovilizada, que en este caso evidentemente no se cumple; no hay un solo técnico, por entreguista que fuese, que vaya a defender que la tarifa “técnica” de ANDE está entre 25 y 30 US$/MWh, como le otorgó Peña a Atome.
El Estado paraguayo se debe defender ante el acto de verdadera piratería que pretende perpetrar Atome, pero desde el inicio los gastos de la demanda internacional que se soportarán deberían ser pagados por quienes causaron este daño y, con mayor razón, cuando haya que pagar 665 millones de dólares de indemnización, si así lo decide el CIADI, como es muy probable lo decida por su casi ciega defensa de las transnacionales.
La Justicia paraguaya –si existiera– debería tomar recaudos para embargar en forma preventiva los bienes de los implicados en esta estafa contra el patrimonio del Estado paraguayo –Félix Sosa, Mario Abdo Benítez, Santiago Peña y Horacio Cartes– como establece el Art. 106° de la Constitución Nacional y también los artículos 86° a 96° del Código Penal. ¿Lo solicitará la Contraloría, que recibió denuncia sobre este caso ya desde el 2022, y luego reiterada, pero nada hizo? ¿Lo solicitará la Fiscalía, que tampoco ha hecho nada en el pasado? Este caso va a demostrar si hay o no justicia en Paraguay.
Lo ocurrido, finalmente, debería abrir los ojos a los pocos incautos que aún existen, que se debe dejar de regalar nuestra valiosísima energía a empresas electrointensivas (EEI), que hoy están consumiendo ya 1.300 MW a tarifa regalada. Nuestra energía hidroeléctrica debe servir para empresas que generan empleo, chicas o grandes, y para el desarrollo sustentable y mejor calidad de vida de toda la población, no para favorecer a firmas piratas que vienen a estafar al país sin generar nada de empleo.
(1) https://www.abc.com.py/nacionales/2021/11/04/atome-paraguay-acordo-con-la-ande-eventual-suministro-de-hasta-250-mw-para-su-produccion/.
(2) https://www.lanacion.com.py/negocios/2022/05/04/empresa-britanica-suscribe-acuerdo-con-la-ande-para-producir-energia-verde-en-nuestro-pais/.
En un Estado de Derecho, el partido gobernante es corresponsable de los actos del gobierno de turno; si la ANR, presidida por Horacio Cartes, no hubiera estado de acuerdo con las decisiones de Peña, debería haberlo hecho.
Demandan al Estado
Ahora, Atome amenaza con demandar al Estado paraguayo ante el tribunal arbitral del CIADI –que siempre falla a favor de las transnacionales.
Embargo preventivo
La Justicia –si existiera– debe tomar recaudos y embargar en forma preventiva bienes de los implicados en esta estafa contra el Estado paraguayo.