El pedido presupuestario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para 2027 abrió un debate sobre los salarios de sus funcionarios y las prioridades de gasto. Ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP), el presidente de la institución, Alberto Martínez Simón, defendió los reajustes y las obras pendientes.
Por su lado, los legisladores reclamaron explicaciones sobre la ejecución de los recursos y la cobertura del seguro médico.
Ejecución presupuestaria: Corte reportó 62%
El senador Líder Amarilla abrió las consultas, el pasado lunes. Solicitó saber el nivel de ejecución presupuestaria actual de la CSJ.
Martínez precisó que el porcentaje actualizado de ejecución presupuestaria es de 62%. Atribuyó la principal dificultad al plan de caja, que determina cuánto dinero está disponible para pagar los gastos autorizados en el presupuesto.
Según explicó, la falta de desembolsos obligó a postergar la conclusión de los juzgados de primera instancia de la localidad de J. Augusto Saldívar. También citó retrasos en el edificio de apoyo administrativo junto al Palacio de Justicia, cuyo uso permitiría liberar unos 4.000 metros cuadrados en la sede principal.
Paredes cuestionó la distribución del dinero para salarios
La senadora Yolanda Paredes consultó cómo se distribuyen los recursos dentro de la Corte. Según los montos que comparó durante su intervención, existía una diferencia de casi US$ 40 millones en servicios personales, el rubro destinado a las remuneraciones.
Cuestionó que los funcionarios de menores ingresos aún deban acudir al Congreso para pedir mejoras salariales.
El ministro respondió que la Corte paga las remuneraciones que autoriza el Congreso. Sostuvo que el costo de vida aumentó y que los funcionarios afectados por la falta de reajustes necesitan una actualización para reducir la pérdida de su capacidad de compra.
Solicitan más recursos para salarios y nuevos juzgados
El diputado Emilio Pavón reclamó que el Poder Judicial reciba el mínimo del 3% que citó de la Constitución. Según su exposición, el presupuesto 2026 representaba 2,6%, con una diferencia de aproximadamente G. 336.000 millones, equivalente a algo más de US$ 50 millones.
Propuso destinar esos recursos a aumentos graduales y a juzgados creados por ley que aún carecen de fondos.
Más adelante, Martínez mencionó un cálculo distinto: 3,26%, con referencia al presupuesto del año anterior.
El presidente de la Corte planteó una mayor autonomía para decidir dónde invertir y cuánto pagar por cada cargo. También propuso un plan de caja anual, con doce cuotas, que asegure la disponibilidad de los fondos.
Más de 5.000 funcionarios bajo el salario mínimo
El diputado Daniel Centurión preguntó si la propuesta presupuestaria contempla una solución para más de 5.000 funcionarios que, según la información que presentó, perciben menos del salario mínimo legal.
Martínez explicó que, cuando el Ejecutivo aumenta el salario mínimo, las remuneraciones de ese grupo no se actualizan de inmediato. Deben esperar al siguiente ejercicio presupuestario.
Confirmó que la propuesta incluye la regularización de esos salarios. Informó además que las categorías de cargos pasaron de 195 a 19, con una diferencia de aproximadamente G. 200.000 entre categorías.
También mencionó una nivelación para 2.849 cargos de ujieres, oficiales de secretaría y dactilógrafos. Para el área registral, citó otros 600 cargos.
Según la explicación, la propuesta solicita porcentajes mayores para quienes perciben menos y ajustes menores para los salarios más altos.
Seguro médico y combustible bajo cuestionamiento
En una nueva intervención, Yolanda Paredes señaló un aumento de 16% en medicina prepaga y salud. Citó un monto superior a US$ 1,5 millones y reclamó una cobertura que evite que los funcionarios deban recurrir a rifas o polladas para pagar estudios especializados e internaciones.
También preguntó por el rubro combustible, para el cual mencionó aproximadamente US$ 716.000 y un incremento de 8%. Solicitó conocer quiénes reciben cupos y para qué se utiliza ese dinero.
Martínez respondió que el seguro cuesta alrededor de G. 1 millón por grupo familiar y alcanza a los 14.000 funcionarios y sus familias. Estimó entre 45.000 y 50.000 beneficiarios y aclaró que los ministros están excluidos por una ley específica.
Atribuyó la ampliación presupuestaria a 941 nuevos cargos y a la incorporación del personal contratado a la cobertura. “Personalmente, si a mí me preguntan, yo querría ir al IPS”, manifestó.
Sobre el combustible, explicó que cada vehículo dispone de una tarjeta de Petropar que permite identificar dónde y cuánto cargó, además de su recorrido. Añadió que los recursos cubren Asunción y las diecisiete circunscripciones del interior. No presentó una lista de personas con cupos asignados.
Iramain pidió explicar recursos sin ejecución
A su turno, el senador Ignacio Iramain reclamó una rendición de cuentas que permita evaluar los resultados antes de aprobar nuevas asignaciones.
Preguntó por G. 205.000 millones no ejecutados en 2025 y pidió distinguir cuánto correspondía a restricciones financieras o a otras causas, como cargos vacantes y contrataciones demoradas.
También citó una ejecución de 55,9% en inversión física, frente a 95,2% en servicios personales. Consultó qué obras y sistemas estarán operativos en 2027 y qué partidas tienen capacidad real de ejecución.
Martínez defendió los avances de la digitalización, pero no presentó durante la audiencia el desglose solicitado. Se comprometió a remitir los datos pendientes a través de su equipo técnico.
Silvio Ovelar planteó una nivelación gradual
El senador Silvio Ovelar respaldó el reajuste para los funcionarios judiciales, aunque advirtió que no existirían recursos para cubrir de una vez los G. 167.000 millones que mencionó.
Propuso una aplicación gradual ante otros compromisos salariales del Estado. “Tenemos que ver la posibilidad de la gradualidad”, sostuvo.
Su intervención centró el debate en cuánto podría financiar el Congreso, aun con el reconocimiento de que los funcionarios llevan años sin una nivelación.
Obras judiciales: consultas por Villa Elisa y San Lorenzo
La diputada Dalia Estigarribia consultó si el presupuesto 2027 contempla un Palacio de Justicia en Villa Elisa. Afirmó que el municipio ya cedió un terreno, con transferencia y título.
Después, el diputado Freddy Franco pidió conocer la demora en las transferencias de recursos al Poder Judicial. También reclamó otro turno para el Juzgado de Paz de San Lorenzo, donde, según su exposición, un solo turno atiende más de 25.000 causas o expedientes.
Martínez describió graves carencias de infraestructura en Central. Aseguró que algunos juzgados funcionan en cocinas de casas alquiladas, en condiciones inadecuadas y peligrosas.
Indicó que, según la cantidad de procesos, las prioridades de construcción son San Lorenzo, Lambaré y después Villa Elisa. No confirmó una obra para Villa Elisa en 2027 ni precisó cuándo podría abrirse otro turno en San Lorenzo.
Para el próximo año, señaló la necesidad de terminar las obras de J. Augusto Saldívar, Filadelfia e Yby Yaú.
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Celeste Amarilla exigió revisar gastos para financiar aumentos
La senadora Celeste Amarilla cuestionó que la Corte atribuya al Congreso la falta de reajustes. Sostuvo que la institución elabora su presupuesto y debe revisar otros gastos para destinar más recursos a los funcionarios.
Martínez respondió que existen necesidades sin cubrir en distintas áreas y que no identifica de dónde recortar sin afectar el servicio. Defendió las obras como una exigencia de seguridad y funcionamiento. “Quince años es una decisión política de no dar aumento al Poder Judicial del Estado paraguayo”, afirmó.
El presidente de la Corte sostuvo que la propuesta busca aliviar el deterioro de los salarios, aunque no compensará toda la pérdida acumulada. “El alcance del reajuste dependerá de los recursos que el Congreso autorice para 2027″, reconoció.