El Ministerio de Justicia (MJ) arrastra deudas por servicios básicos que utiliza el sistema penitenciario. Ante la CBP, su titular, Rodrigo Nicora, informó que la institución debe aproximadamente G. 34.173 millones (cerca de US$ 6 millones al cambio del dólar a la fecha).
En el desglose detalló que G. 9.873 millones se adeuda a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y G. 23.000 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y G. 1.300 millones a la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, no detalló los montos correspondientes a otras municipalidades.
La respuesta surgió tras la consulta de la senadora Celeste Amarilla, quien pidió conocer el monto pendiente con las proveedoras de agua y electricidad. La legisladora también reclamó información sobre las obligaciones con los municipios. “Creo que también es hora de que se vayan poniendo al día”, manifestó Amarilla.
Nicora señaló que la propuesta presupuestaria contempla un plan para cancelar la deuda con ANDE y Essap en 2027.
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Penitenciarías en deuda por agua y electricidad
El ministro reconoció la magnitud de los compromisos pendientes y destacó la respuesta de ambas empresas ante fallas en el suministro a los establecimientos penitenciarios.
Según explicó, el agua y la energía eléctrica son necesarias para la seguridad de las cárceles. La falta de pago afecta, por tanto, servicios de los que depende la operación diaria del sistema. Aunque anunció un plan de pago para el próximo ejercicio, en sus respuestas no precisó un calendario de desembolsos ni las cuotas previstas para cada entidad.
Piden resultados que justifiquen el presupuesto
A su turno, el senador Ignacio Iramain centró su intervención en la relación entre el dinero solicitado y los resultados del sistema penitenciario. Contrastó una propuesta cercana a US$ 105 millones con la disponibilidad de unos 14.000 lugares para alrededor de 21.000 personas privadas de libertad.
El legislador pidió datos sobre la ocupación de cada establecimiento y la duración de la prisión preventiva. También solicitó información sobre muertes bajo custodia y reincidencia, es decir, cuántas personas vuelven a cometer delitos tras su salida.
Su consulta incluyó el acceso de los internos a la educación y al trabajo, además de las sanciones por corrupción contra funcionarios. Iramain preguntó cuánto dinero necesitaría realmente el ministerio para atender a toda la población penitenciaria.
Nicora respondió que el Observatorio de Política Criminal dispone de aproximadamente el 90% de la información solicitada y ofreció facilitarla a la comisión. También anticipó la intención de publicar esos datos en la página del ministerio. “Nosotros no podemos venir a pedir dinero sin saber para dónde vamos a invertir ese dinero”, expresó.
Sin embargo, en esa respuesta no presentó una estimación del presupuesto total necesario para resolver la diferencia entre la capacidad disponible y la cantidad de internos.
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¿Cuánto cuesta mantener a cada interno?
La diputada Alexandra Zena preguntó cuánto destina el Estado a la manutención de las personas privadas de libertad. Su consulta estuvo ligada a una propuesta de trabajo penitenciario voluntario y remunerado.
Nicora respondió que el costo mensual ronda G. 1.800.000 por persona. Aclaró que se trata de un cálculo interno aproximado que abarca el funcionamiento del sistema, no únicamente la alimentación.
El monto incluye gastos de personal y atención médica. También contempla los traslados y servicios básicos de los establecimientos. “Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Un poco menos me resulta un poco difícil”, manifestó.
Zena explicó que su propuesta busca que los internos aprendan un oficio y generen ingresos. Parte de esos recursos permitiría sostener el programa. El ministro comprometió su acompañamiento y señaló que el Viceministerio de Política Criminal ya analiza la iniciativa.
Cuestionan salarios inferiores al mínimo
El senador José Oviedo consultó si el presupuesto contempla regularizar la situación de los contratados que perciben menos del salario mínimo. Advirtió que las condiciones de remuneración también afectan las exigencias que el Estado puede imponer a sus trabajadores.
Nicora respondió que 1.439 contratados recibieron una mejora salarial de alrededor de G. 1.000.000 en 2026. Como referencia, mencionó casos de funcionarios cuyos ingresos pasaron de G. 2.700.000 o G. 2.800.000 a G. 3.700.000.
El ministro reconoció que el beneficio no alcanzó a todos los contratados. Su respuesta tampoco precisó cuántos funcionarios permanecen por debajo del salario mínimo ni una fecha para corregir esa situación.
Tobilleras electrónicas: consultas sobre protección y fallas de señal
Oviedo también preguntó por la aplicación de las tobilleras electrónicas que permita a las víctimas de violencia familiar conocer la ubicación del agresor para buscar un lugar seguro.
Nicora respondió que las mismas cuentan con una aplicación para alertar a la víctima si el dispositivo resulta vulnerado. El ministro estimó que había entre 190 y 200 equipos instalados y aproximadamente 900 disponibles. Mencionó un presupuesto de US$ 3 millones para su aplicación y recordó que la colocación depende de una decisión judicial.
Por su parte, Zena consultó qué ocurre si se interrumpe la conexión a internet. Nicora explicó que los dispositivos cuentan con dos vías de comunicación y que, ante una pérdida de señal, el sistema emite una alarma al operador del centro de monitoreo del 911.
Estas explicaciones describieron el funcionamiento previsto de los equipos. Durante las respuestas no presentó cifras sobre fallas ni tiempos de reacción ante una alerta.
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Reclaman sanciones por fugas y consulta por una cárcel en el Chaco
El diputado Yamil Esgaib pidió avanzar con una propuesta legislativa para elevar las penas a los agentes penitenciarios que faciliten fugas. También reclamó que los funcionarios conozcan las sanciones previstas.
Nicora afirmó que seis agentes penitenciarios estaban privados de libertad por una causa relacionada con fugas. En otro caso, mencionó a un director condenado a 18 años por tráfico y comercialización de drogas.
Esgaib también preguntó si seguía vigente el proyecto de una penitenciaría en el Chaco. El ministro confirmó conversaciones con el gobernador del departamento de Boquerón, Harold Bergen, para un establecimiento destinado a personas condenadas que puedan acceder a programas de reinserción.
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