La Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) manifestó su preocupación por la situación de los ahorristas, los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y la confianza en el sistema financiero, tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
A través de un comunicado, el gremio expresó su respaldo al impulso del juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, como mecanismo constitucional para examinar su eventual responsabilidad política. Además, instó al Congreso Nacional a actuar con independencia, transparencia y respeto al debido proceso.
La organización sostuvo que la crisis financiera debe traducirse en investigaciones y responsabilidades concretas, sin que los costos terminen recayendo sobre los trabajadores, los ahorristas y los contribuyentes.
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Exigen esclarecer las inversiones del IPS
Uno de los principales reclamos de la APS apunta a la protección de los fondos del IPS. El gremio recordó que los aportes de trabajadores y empleadores sostienen derechos fundamentales, como la atención médica y las jubilaciones.
En ese sentido, exigió esclarecer las colocaciones realizadas por la previsional, los criterios utilizados para autorizar esas operaciones y las responsabilidades de quienes las aprobaron y supervisaron.
«El ahorro de los trabajadores no puede quedar a merced de intereses particulares», advirtió la asociación en su pronunciamiento.
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Reclaman pago rápido a los ahorristas
La APS también pidió que los afectados por la resolución de Ueno Bank reciban sus depósitos con la máxima celeridad, especialmente los microempresarios, trabajadores que dependen de ingresos diarios y empleados cuyos salarios quedaron retenidos.
El gremio advirtió que cada día de demora compromete el sustento de numerosas familias y la continuidad de pequeños negocios.
Asimismo, reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla con su finalidad legal y que sus recursos no sean utilizados para encubrir un eventual desfalco ni para eximir de responsabilidad a quienes pudieran estar involucrados. También exigió acciones para recuperar los activos y reparar los daños ocasionados.
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Piden investigar y sancionar a los responsables
Otro de los puntos centrales del comunicado es la exigencia de una investigación que permita determinar el destino de los recursos, las posibles omisiones de control y las responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
La asociación reclamó que se publiquen los avances, costos y resultados del proceso, con plazos razonables. Sostuvo que, si se comprueban robos o desvíos, los recursos sustraídos deben recuperarse y los responsables recibir las sanciones correspondientes.
En cuanto al papel del Congreso, la APS manifestó su expectativa de que diputados y senadores actúen en representación de la ciudadanía y tomen decisiones basadas en los hechos, por encima de los acuerdos partidarios.
Finalmente, la APS sostuvo que las crisis bancarias anteriores deben dejar lecciones y soluciones, y no convertirse en un modelo de administraciones costosas, litigios interminables e incertidumbre para los afectados.
«La confianza pública exige verdad, justicia y rendición de cuentas. Ninguna autoridad está por encima de la Constitución ni del deber de responder por sus actos», concluyó el comunicado.