Vecinos de barrio La Piedad en Asunción denunciaban trabas para titular sus lotes y amenazas de desalojo; documentos internos del Grupo Vázquez revelan pagos por un total de G. 1.137 millones a un gestor, para conseguir un “veto” y otros trámites para el “barrio Ueno” durante la gestión del exintendente de Asunción Luis Bello (ANR-HC).
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En ese sentido, la concejal Noelia Díaz solicitó vía minuta al pleno recuperar esos terrenos que son propiedad de la comuna y priorizar a los lugareños. Luego de una recorrida por el sitio, recorrió testimonios de gente que espera desde hace más de 40 años su título de propiedad.

“El sábado, justamente este sábado, junto con el concejal Mauricio Maluff, estuvimos escuchando a las vecinas y los vecinos. Nos fuimos hasta el territorio y lo que encontramos realmente fue supertriste, indignante. Familias que llevan décadas viviendo ahí, criando a sus hijos, construyendo sus casas con muchísimo sacrificio. Hoy viven amenazadas y con miedo de perderlo todo”, denunció la edil en su alocución.
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Documentos y correos internos entregados por funcionarios del Grupo Vázquez a nuestro diario y que ya están en poder de la Fiscalía revelan que al menos 71 de esos predios son municipales y una docena de ellos se encuentra en el barrio La Piedad de Asunción, en la zona bautizada por los pobladores como el “barrio Ueno”.
“Según los testimonios recogidos, este es el modus operandi: personas vinculadas al Grupo Vázquez se acercaban a los antiguos ocupantes, presionaban para conseguir la cesión de sus derechos sobre los terrenos y luego se presentaban ante la municipalidad solicitando pagar las deudas de arrendamiento y comprar los inmuebles”, agregó Díaz.
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La concejala cuestionó la manera en que estas personas actuaron y la benevolencia de las autoridades de ese entonces, quienes avalaron todo el proceso. “¿Cómo se explica semejante diferencia? ¿Quién facilitaba esos trámites? ¿Quiénes intervenían para que algunos expedientes avanzaran tan rápido mientras otros permanecían paralizados durante años?”, cuestionó Díaz.

“Según la información que tenemos hasta hoy, la Dirección de Catastro identificó por lo menos una docena de expedientes vinculados a este grupo. Sin embargo, según publicaciones periodísticas, este número ya podría ascender incluso a 70. La tierra municipal debe administrarse con legalidad, transparencia, y acá quiero resaltar esto, y sentido social. Las tierras municipales tienen que dar preferencia a las personas que viven en esas tierras”, agregó la concejala sobre el hecho.
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Cartistas responsabilizan a Catastro
Otros ediles tanto del tercer espacio como del PLRA manifestaron su apoyo a la minuta y a los vecinos de La Piedad y Mbocayaty que estaban siguiendo la sesión en el sitio. Sin embargo, el concejal Miguel Sosa evadió responsabilidades y culpó al Servicio Nacional de Catastro. “Nosotros aprobamos los informes técnicos que nos envía Catastro. Hay que evaluar caso por caso, porque a veces te dicen ‘tal persona vive acá’, va un fiscalizador y se encuentra con un terreno abandonado”, se defendió.

Hasta antes del descalabro de Ueno Bank, vecinos de la zona denunciaron que estaban siendo presionados por allegados a los directivos del banco y del conglomerado de empresas para abandonar el sitio.
