El empresario recordó que el 4 de noviembre su hijo, Alejandro González, operador de la estación Petrobras, sita en Mcal. López y Madame Lynch, fue visitado (nuevamente) por fiscalizadores del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Relató que en esta ocasión encontraron un pico –supuestamente descalibrado–, que fue clausurado, según consta en acta. Dijo que solicitaron la reverificación del pico clausurado mediante una respetuosa nota al MIC, haciendo uso del derecho a peticionar, garantizado en la Constitución nacional. Además, en el acta referido se menciona que en el momento de la fiscalización la estación no contaba con la habilitación correspondiente, a pesar de que la misma existe por parte del MIC a Petrobras, y a su persona desde el 2 diciembre de 2008. “Dejo constancia que, en cuanto al control volumétrico, según acta Nº 825/15, del INTN, que dicha máquina surtidora cuenta con los precintos en buen estado, y no presenta irregularidad alguna, y que fue corroborado por los funcionarios actuantes, lo que demuestra que en ningún momento hubo la intención de perjudicar al consumidor”, afirmó.
Recordó que el 13 de noviembre, alrededor de las 9:30, llegaron dos camionetas con ocho funcionarios del MIC e INTN, trayendo copia de una nota presentada al MIC el 10 del corriente, solicitando volver a verificar un pico del surtidor. Añadió que lo llamativo del caso es que no tenían ninguna orden de trabajo que acredite lo que querían hacer. Dijo que fueron recibidos por su hijo Alejandro González, y se le manifestó que iban a calibrar todos los picos, tarea que ya se realizó el día 4 del mismo mes. “Mi hijo les explicó que él solo solicitó reverificación de un pico, por no estar de acuerdo con el trabajo realizado anteriormente. La nota entregada al MIC no tuvo respuesta, y al más puro estilo stronista, el pueblo no tiene derecho a recibir explicaciones, solo debe pagar para satisfacer las exigencias de los funcionarios”, lamentó.
Rememoró que, con actitud respetuosa, su hijo les pide que respondan y hagan lo que por nota se solicitó. “Eso fue suficiente para que la fiscalizadora Natalia Silva diga que cada vez que llegan a la estación para verificar debían aplicar una multa de 1.000 jornales, por no contar con la habilitación por la venta de gas en garrafas, aparte de las que se van a generar tras la intervención del día 4 de noviembre, y otras penalizaciones más”, afirmó.
El propietario de la gasolinera presume que estas aparatosas actuaciones de los fiscalizadores estarían buscando simplemente inducir al pago de jugosas coimas, puesto que ninguna está en condiciones reales de abonar las siderales multas que amenazan aplicar, y que son imposibles de pagar, debido a que los márgenes son muy escasos.
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González denunció asimismo que los fiscalizadores del MIC, días antes de las elecciones municipales, iniciaron una “feroz persecución” a varias gasolineras, y que no conforme con eso le dieron a publicidad, pretendiendo aparecer como los “buenos de la película”, acusando gratuitamente a los gasolineros de robar”. Los que roban al pueblo son otros, y ese pueblo hoy está viviendo una miseria espantosa por las malas administraciones de más 60 años de gobiernos insensibles”, disparó.