En el proyecto de presupuesto del ente aeronáutico para el ejercicio 2018 se están previendo unos G. 39.000 millones para posibles indemnizaciones de empleados de los que habrá que prescindir una vez que aseguren el contrato de Alianza Público-Privada (APP) con Sacyr, que ahora está en manos de la Justicia dirimir.
Ayer intentamos comunicarnos con Luis Aguirre, presidente de la Dinac, para preguntarle a cuántos funcionarios pretenden desvincular, pero no respondió nuestras llamadas.
Fuentes de la Dinac también confirmaron que se está mudando la Gerencia Administrativa, que hoy funciona en el aeropuerto, al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), dando casi por hecho que se adjudicará el contrato a Sacyr, pese a que la Contraloría recomendó cancelar el proceso tras hallar múltiples irregularidades durante una auditoría de varios meses.
El dictamen en cuestión fue recurrido ante el Tribunal de Cuentas por el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, justamente junto con el titular de la Dinac, pese a que el primero se había comprometido públicamente, en diversas ocasiones, a respetar las recomendaciones que salga del ente auditor.
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Hasta quieren imponer costas a la Contraloría
En la presentación hecha esta semana por el MOPC y la Dinac ante el tribunal de cuentas, con el objetivo de anular el dictamen de la Contraloría y así poder adjudicar la APP, los abogados que representan a las instituciones recurrentes, Esteban Sarubbi (MOPC) y Wilfrido Garay (Dinac), solicitaron “imponer costas” a la Contraloría. Abogados especialistas en Derecho Administrativo que fueron consultados calificaron de “disparate” tal pretensión.
Por un lado, explicaron que el MOPC no es una persona jurídica distinta del Poder Ejecutivo, y que no es posible que puedan regularle honorarios a la Contraloría, cuyos recursos son aprobados en el presupuesto general de gastos.
La pretensión además es ilegal porque ningún funcionario público tiene derecho a solicitar regulación de honorarios en un juicio en el que ejerce funciones, que son ya pagadas por el Estado en su salario, según dijeron.
Antecedentes de la “mimada”
Sacyr, la empresa española a la que el Gobierno insiste en entregarle por un lapso de 30 años el aeropuerto Silvio Pettirossi, el de mayor recaudación en el país, tiene procesos judiciales diversos en España, Chile, Panamá y Colombia, que, según el pliego y la misma Ley de APP, debieron impedirle concursar. El MOPC no solo le dejó competir sino que le favoreció con dictámenes “a medida”, según plasmó la Contraloría en un informe, que ahora Ramón Jiménez Gaona y Luis Aguirre quieren dejar sin efecto, recurriendo al Tribunal de Cuentas.
A Sacyr ya le adjudicaron la primera APP, el ensanche de las rutas 2 y 7, violando también el pliego de bases y condiciones.