DNCP recurrirá a Hacienda para que Vox se someta a la Ley 2051

Pablo Seitz, titular de la DNCP, prometió recurrir a Hacienda para pedir el cumplimiento de una auditoría de la Contraloría que cataloga a Vox como empresa pública, de modo a someterla a la Ley 2051.

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“Si la Contraloría General de la República dice que Vox (Hola Paraguay) es una empresa pública, entonces debe someterse a las leyes que rigen a todas las empresas donde el Estado tiene participación mayoritaria”, señaló el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicaciones (DNCP), Pablo Seitz. Inclusive, la misma adquisición de la empresa telefónica privada en 2010 debió estar sujeta a la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, teniendo en cuenta que la compradora fue la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), una empresa propiedad del Estado, añadió.

Según dijo, está recolectando las documentaciones emitidas por la Procuraduría General de la República en 2010, bajo la administración del ahora excontralor Enrique José García, en las que se sostenía que Vox era una “empresa privada”, con lo que la mantuvieron fuera del alcance de las leyes que afectan a todas las empresas públicas, incluyendo a la misma propietaria de Hola Paraguay, Copaco.

Seitz prometió solicitar los dictámenes que afectan a la operadora telefónica e irá al Consejo Nacional de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Hacienda, para mantener una reunión con los responsables y analizar la situación de forma conjunta.

En el dictamen se puede leer que Vox es cien por ciento del Estado, al ser propiedad de Copaco, por lo que debe estar incluida como las demás en el Sistema Integrado de Contabilidad Pública (SICO).

Añade que también debe cumplir con la Ley 5189/14 de transparencia que obliga a publicar en internet la nómina de funcionarios a todas las instituciones estatales.

Dos dictámenes contrarios

Después de que la Procuraduría emitiera el dictamen a la medida de los intereses de la Copaco, a fin de mantener fuera del control de la Ley 2051 a su empresa satélite Vox, Contrataciones Públicas, bajo la dirección de Eduardo de Gásperi, consiguió otro dictamen del doctor Javier Parquet, experto en derecho administrativo.

Parquet concluyó que Vox es una empresa pública puesto que su propietaria es Copaco, una empresa cuyas acciones pertenecen cien por ciento del Estado. Añade así mismo que la operadora móvil se mantiene con los recursos económicos de su propietaria. Ni siquiera tiene ingresos propios.

A pesar de contar la DNCP con este dictamen, hasta hoy no ha insistido ante el Consejo de Empresas Públicas y el Ministerio de Hacienda para que Copaco y Vox cumplieran las normas y no realizaran compras directas, sin licitación ni concurso, por nueve años.

Millonarias compras

Copaco, amparada en el dictamen de la Procuraduría, realizó compras millonarias de forma directa, sin licitación. Los contratos inclusive fueron firmados con una cláusula de confidencialidad, lo que impide todo control ciudadano sobre la ejecución de los contratos.

Como no hay informaciones ni acceso a todas las compras realizadas, se presume que la telefónica estatal efectuó compras que superan los US$ 50.000.000 desde 2010 hasta 2017.

Las inversiones no tuvieron el retorno esperado. Tanto Vox como Copaco registraron pérdidas millonarias después de las inversiones. Las anomalías en las sucesivas administraciones están plasmadas en el informe de más de 300 páginas de la Contraloría de la República de agosto del año pasado.

Por las deudas que tenía Vox con Copaco, ésta tuvo que emitir acciones por valor de G. 64.000 millones en 2017 para blanquear la cuenta. No solo eso. Copaco dejó como garantía depósitos por G. 81.000 millones en bancos por préstamos para financiar compras tecnológicas de Vox.

García firmó ambos informes

Tanto el dictamen favorable a Copaco para mantener a Vox fuera del alcance de las leyes que rigen a las empresas públicas, así como el informe de la Contraloría que lo contradice, fueron firmados por Enrique García. El primer dictamen a la medida de los intereses de Copaco emitió en 2010 cuando era Procurador y el segundo cuando era Contralor. García renunció el miércoles último antes de que le destituyera el Senado mediante juicio político.

Es curioso que una misma persona tenga dos opiniones contradictorias sobre la situación legal de Vox (Hola Paraguay).

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