El gremio “estuvo atento” a este proceso legislativo, atendiendo a que varios sectores del empresariado nacional manifestaron sus observaciones respecto a la iniciativa que busca modificar la Ley 4427/12, dicen.

“Ante la propuesta de modificación del marco legal vigente, el CIP, en su rol de importante referente del sector comercial-importador, ha considerado significativo que se contemplen los principios que hacen a la definición de políticas de beneficios fiscales, que inciden no solamente en la recaudación estatal, sino que también afectan varios otros aspectos”, agrega.

Añade que el Centro consideró adecuado acompañar la iniciativa sobre incentivos a la producción de bienes de alta tecnología; “sin embargo, sorpresivamente se diseñó un proyecto de ley de ampliación de estos beneficios para productos que no están relacionados con el objeto básico de la ley (equipos de refrigeración y cocinas a inducción), con impacto negativo en el aspecto económico (Gobierno y comercio), sino también en los estándares sanitarios y de eficiencia energética”.

Ante esta última situación, advierte sobre la saturada red de transmisión/distribución eléctrica, que desde hace años atraviesa una situación acuciante a causa de la falta de infraestructura adecuada, y que este gobierno está realizando “su máximo esfuerzo” para ir revirtiendo.

Sostiene que para ser viable el proceso de un efectivo ensamblaje de los equipos mencionados en la modificación que se pretende, debe existir una cadena de valor de productos específicos y de alta sofisticación, que suministren los insumos necesarios para el montaje de los productos en referencia. De lo contrario esta iniciativa, lejos de representar un avance para la producción nacional, significaría solamente el montaje de artículos importados, con bajo valor agregado”, alerta.