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Uno de ellos es Miguel Carbini, quien se desempeñaba como gerente financiero entre 2000 y 2003, periodo en que Bogado repartió dinero del Fondo de Servicios Universales a varias empresas que incumplieron sus contratos.
Francisco Galeano Cardozo, ex auditor interno en ese mismo lapso, volvió al cargo, así como el ex asesor legal Magno Insfrán Gabaglio, pero como asesor del directorio. El nombre de estas personas figura en los lapidarios informes de la CGR, que revelan daños al Estado por más de G. 6.000 millones.
Las firmas beneficiadas por Conatel con millonarios contratos para proveer servicios de internet a escuelas fueron Telecel y el Consorcio Multipunto Multicanal (CMM), vinculado al exsenador colorado Gustavo Pedrozo. En telefonía satelital en zonas rurales fueron: Electro Import-Impsat; Loma Plata-Impsat, representados por José Manzoni, Juan Cuenca, Víctor Butlerov, Luis Piccolo y Enrique Vita (argentinos), más AGZ (Artes Gráficas Zamphiropolos).
Según la CGR, Conatel perdió unos G. 6.000 millones, mientras que para la fiscalía el daño superó G. 12.000 millones.
En 2006, la fiscalía imputó a Bogado cuando este era titular de Diputados, pero no fue desaforado para que lo investigasen. En 2011, el juez Hugo Sosa Pasmor lo sobreseyó y un año después hizo lo mismo la Corte Suprema. El año pasado Bogado demandó por “daño moral” al exfiscal Arnaldo Giuzzio, a quien pide un resarcimiento de G. 4.000 millones. Cabe destacar que el Estado nunca recuperó el dinero perdido.