La denuncia había sido presentada al órgano contralor por el despachante de aduanas Nery Verdún Acosta, el año pasado, quien logró demostrar el desleal procedimiento que aplica Petropar, así como el 90% de las empresas, según refiere el escrito de presentación.
El denunciante alegó que en el caso de Petropar se les obligaba a los despachantes a aplicar fuertes descuentos y rebajas indebidos en sus honorarios, lo que a la vez permitía una feroz evasión de IVA al fisco, ya que el tributo se establece sobre lo realmente percibido y pagado al despachante, en total violación de la ley que rige para el sector, que es la Ley Nº 220/93 “De arancel de los despachantes de Aduana”.
Como respuesta a la citada denuncia, la Contraloría General de la República refiere en su nota CGR Nº 1449, del 2 de mayo último, dirigida al viceministro de Estado de Tributación, Javier Contreras, que en base a la disposición legal vigente, “el órgano superior de control señala que los aranceles profesionales de los despachantes de aduana deberán ajustarse a los lineamientos previstos en la Ley Nº 220/93, por tanto, “todo acto o proceso que pretenda vulnerar el porcentaje mínimo establecido en la misma carecerá de toda legalidad”. En otro apartado de la misma nota, firmada por el contralor general Óscar Rubén Velázquez Gadea, y el secretario general Alfredo David Barúa M., se citan los Art. 3 y 4 de la ley de referencia, que establecen la escala respectiva para el cobro de los honorarios de los despachantes por toda tramitación efectuada ante las aduanas de la República, que coincide con el reclamo que vino realizando el despachante Verdún Acosta.
En la práctica, según la denuncia, el “modus operandi” de Petropar, demostrado documentalmente, consiste en que el ente estatal obliga al despachante de aduana a una “renuncia voluntaria” del 85% de sus honorarios para que el trabajador sea “beneficiado” con los despachos de los fuertes volúmenes de combustible que importa la estatal. El despachante debe ofrecer sus servicios por nota al presidente de Petropar, Sergio Escobar, expresando taxativamente el porcentaje de la “renuncia” para que pueda acceder al trabajo.
De esta forma, automáticamente, al plasmarse por escrito la “renuncia” de honorarios por parte del despachante, se recorta también el pago del IVA, atendiendo a que dicho honorario es la base imponible para cumplir con el pago del mencionado tributo.
Si el profesional recibe solo el 15% de sus honorarios (al renunciar al 85%), en clara violación de la ley que regula la profesión, automáticamente la liquidación del IVA se realiza sobre esta base y no sobre el 10% que corresponde. Es decir, Petropar paga en el caso tomado de ejemplo apenas el 1,5% de IVA, cuando el común de la gente tributa el 10%.
Verdún Acosta había denunciado el caso a nuestro diario y nuestro diario publicó en abril último todos documentos del caso, que demuestran cómo la estatal venía perpetrando lo que denominó “como una de las más grandes defraudaciones al fisco”.