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Bien podría surgir de esa institución la propuesta de modificar la ley, “pero eso forma parte de una decisión política, a partir de hoy el Estado ya no va a tolerar más incumplimientos de proveedores y vamos a incluir penas más severas”, dijo.
Considera que existe una necesidad de mayor sanción para ciertos tipos de delitos, porque ahora un motochorro sale muy rápidamente de la cárcel y vuelve a delinquir. Lo mismo pasa con las firmas privadas en cuanto a los contratos incumplidos. Igual son beneficiadas con otros contratos.
Por otro lado, cree que las instituciones no hacen un seguimiento adecuado de la ejecución de los contratos. “Tampoco descarto que haya connivencia entre los funcionarios públicos y las empresas”, subrayó.
Sobre el punto debemos señalar que los entes otorgan millones a firmas consultoras para fiscalizar las obras. Quizás la ampliación de sanciones a las empresas que incumplen contratos cambie la situación, pero si las entidades no ejercen el control o la fiscalización adecuada seguirá habiendo incumplimientos”, añadió.
En la web de la Contraloría se pueden encontrar los daños patrimoniales al Estado a causa de obras de mala calidad, inconclusas o mal encaradas. Casi todas sin una sanción penal.