La triste experiencia aconseja que la ciudadanía controle de cerca la gestión de los intendentes y concejales municipales que ayer asumieron sus respectivos cargos en todo el país. Si en ese ámbito se ha venido robando en tan gran escala es también porque los vecinos no han mostrado el suficiente interés en la cosa pública, como si solo tuvieran el derecho y el deber de votar en los comicios periódicos para entregar una suerte de carta blanca a quienes resulten electos. Dado que su calidad de vida depende en gran parte del desempeño del Gobierno local, es preciso que verifiquen por sí mismos si su dinero está siendo empleado con la honestidad y la eficiencia debidas. Es imposible que la Contraloría General de la República examine diariamente cuanto ocurre en cada una de las 262 municipalidades: si interviene en algún caso, lo hace a destiempo, cuando la fechoría ya fue consumada. Tampoco se puede confiar en que los concejales pongan bajo la lupa a la administración, ya que ellos mismos suelen estar inmersos en la corruptela, como cómplices o encubridores; en otras palabras, también es preciso controlar a los controladores, para que el dinero de los contribuyentes sea bien invertido.
Sobre todo en las localidades pequeñas y medianas, no debería ser muy difícil constatar si el intendente o los ediles se enriquecen ilícitamente, comparando su patrimonio actual con el que tenían antes de ejercer la función pública; las casas o los vehículos recién adquiridos suelen estar a la vista, porque los nuevos ricos tienden a la ostentación. Y, por supuesto, cuando tengan la fuerte sospecha de que se están rapiñando las arcas comunales, las víctimas, que son los pobladores en general, deben denunciarlo ante el Ministerio Público, sin temer las eventuales represalias de los implicados. La denuncia bien puede ser individual, pero sería preferible que fuera colectiva, para demostrar que la comunidad se opone a los sinvergüenzas y que no está dispuesta a que la tomen por un conjunto de idiotas que pueden ser esquilmados impunemente.
Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se amañan contrataciones para adquirir bienes o servicios sobrefacturados, incluso en tiempos de pandemia, o cuando se recurre al endeudamiento anual para pagar préstamos contraídos a fin de pagar los salarios de la clientela instalada en el sobrepoblado plantel municipal. El Gobierno local debe ser liberado de la corrupción, que se revela tanto en el soborno que reclama el agente de tránsito como en las licitaciones públicas fraudulentas. Hay que prevenirla y combatirla, con la vigilancia de la población y con la ley en la mano.
El caso de Asunción es solo uno más de los tantos que se dan en todo el territorio nacional: se roba a los vecinos tanto al comprar a precios excesivos como al instalar en el Presupuesto a funcionarios o contratados innecesarios. Pagar más de lo debido, tanto en “inversiones” como en gastos de personal, conlleva privar a la gente de bienes y servicios y engrosar las faltriqueras de intendentes, ediles y funcionarios corruptos. Óscar “Nenecho” Rodríguez volvió a jurar como intendente de Asunción, mientras pende sobre él una imputación fiscal: en vista de lo que trascendió recientemente sobre su gestión, se puede tener la sospecha de que habrá de perjurar impunemente si no es sometido a un estricto control por parte de la sociedad que, vale repetirlo, también debería hacer lo mismo con los ediles. Desde luego, similar control ciudadano habría que ejercerse en el interior del país, para que no se continúe depredando el erario municipal a costa del bienestar de los vecinos. Es auspicioso que en Ciudad del Este, la segunda localidad más poblada del país, se haya evitado en las urnas el retorno de un sistema infame, que representó la quintaesencia del desgobierno local. Ojalá que en muchos otros lugares, gracias al permanente “monitoreo” ciudadano, haya una gestión más honesta, que satisfaga el interés general de que el municipio sea acogedor y esté al servicio de la población y no al de sus autoridades y sus paniaguados.
Como nuestra democracia también es participativa, la ciudadanía puede intervenir de varios modos en los asuntos públicos, sin dejarlo todo en las exclusivas manos de sus representantes. La Ley Nº 3966/10 prevé “la participación ciudadana”, a ser promovida por la municipalidad para que la gente intervenga en su gestión de varias maneras, que los vecinos deben conocerlas y aprovecharlas. Las radioemisoras locales tienen un papel relevante que cumplir, informando con frecuencia sobre temas municipales y defendiendo a la ciudadanía ante los atropellos del Gobierno municipal, incluso contra el futuro de los niños: lo que ha estado ocurriendo con los recursos del Fonacide es una barbaridad que no habría llegado a tal extremo, si el control local hubiese operado como es debido.
En suma, sería provechoso para todos los habitantes del país aplicar el consejo que el papa Francisco dio en Asunción a los jóvenes: “¡Hagan lío!”, cuando el intendente y los ediles violan la ley y la moral, en beneficio propio y en el de sus allegados. Que no se soporte en silencio sus tropelías, si quieren seguir burlándose de la gente, robándole su presente y su futuro.