A esta altura de los acontecimientos, mucha gente se estará preguntando: ¿quién nos protege de la Policía? La pregunta parece exagerada porque dentro de la fuerza, con toda seguridad, existen efectivos honestos y dedicados a su trabajo, pero mientras las autoridades de la institución, con el auxilio de la Justicia, no aparte las manzanas podridas de las sanas, la población seguirá poniendo a todos en la misma bolsa, y la aparición de los agentes le generará temor antes que una sensación de seguridad, como en la época de la dictadura de Stroessner. Solamente en la semana que pasó, la institución policial estuvo en la picota por varios hechos muy cuestionables.
Las sociedades democráticamente organizadas como la nuestra, que apuestan a la paz y el respeto de los derechos de todos bajo el imperio de la ley, delegan la responsabilidad de mantener el orden y el cuidado de los ciudadanos en la fuerza pública, que es una institución sometida como todas las personas al imperio de la ley. La Constitución nacional contempla dos componentes de la fuerza pública: la Policía Nacional, para la preservación del orden público interno, y las Fuerzas Armadas, para la custodia del territorio. Ambas instituciones tienen nacimiento en la Carta Magna del año 1992, con la idea común de ser responsables de la protección de los ciudadanos y de las autoridades de la República.
Especialmente, la Policía Nacional es la que mayor contacto tiene con la población porque se encarga del orden público, la prevención de delitos y, si estos se cometieron, de su investigación, bajo dirección del Ministerio Público. Estas funciones son extremadamente delicadas e importantes, ya que los funcionarios policiales tienen, por ley, atribuciones del uso de la fuerza en representación del Estado.
Esas atribuciones, sin embargo, deben ser ejercidas con mucha responsabilidad y prudencia, siempre con el criterio de la razonabilidad y proporcionalidad que el caso requiera. De no ser así, el actuar se convierte en un abuso de autoridad que deriva en un delito.
La historia de la fuerza policial en Paraguay es oscura debido a que fue el principal brazo de represión en la época de la dictadura. La policía era la que se encargaba de perseguir campesinos, adversarios políticos, periodistas, medios de comunicación, lo que desembocaba en víctimas de atentados, lesiones, muertes y exilio. Como señalamos, durante esta época oprobiosa, que no se debe olvidar, ver un policía en la calle o una patrullera, era sinónimo de pánico para los ciudadanos de bien, porque no sabían si llegarían de vuelta a sus casas sanos y salvos, o terminarían en algún calabozo. Solo los allegados al régimen podían sentirse custodiados y exentos de los atropellos policiales, pues portaban con algún documento o tarjeta de alguna autoridad que significaba “no molestar a este ciudadano”.
Incluso durante el golpe de Estado de 1989, fue la Policía Nacional la que ejerció la defensa armada del dictador, enfrentándose a las fuerzas lideradas por el general Andrés Rodríguez. Es decir, que hasta el final, Stroessner utilizó a la Policía como su principal aliada para intentar mantenerse en el poder. Si bien hoy los efectivos policiales ya no defienden a un dictador, lamentablemente, se pusieron al servicio de otros patrones, como los del narcotráfico, o se corrompieron trabajando para sus propios fines en sus intervenciones de rutina.
En efecto, luego de la Asamblea Constituyente de 1992, se pensó que la situación cambiaría solo porque se terminó la dictadura, lo que obviamente no sucedió. La Policía Nacional nunca modificó su estructura mental de ser dueña de la libertad de las personas que transitan por la calle. Se clausuraron lugares como la “Técnica” de la Policía donde se torturaba a inocentes, pero el concepto autoritario de considerarse con derecho a cualquier cosa sin importar la ley sigue vigente.
A diario se observan conductas abusivas y delincuenciales de parte de agentes policiales. Barreras utilizadas como redes de extorsión, informes falsos como el que presentaron policías de Santa Rosa del Aguaray en un caso de accidente de tránsito la semana pasada, aprietes a ciudadanos indefensos, comportamiento xenófobo, discriminatorio, irreverente. El oficial de policía no es consciente de que es un servidor del pueblo, que su función es hacer respetar la ley, pero respetándola primero él mismo. Se sigue creyendo que es la máxima “autoridá”, como antaño. Sigue pensando que el uniforme le da derecho a atropellar, humillar, maltratar, delinquir, solo porque está armado. La situación no ha variado en absoluto bajo la actual conducción del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y del jefe de la Policía Nacional, comisario general Luis Arias, de comprobada inutilidad, a tal punto que pidieron un plazo de 60 a 90 días para arrojar resultados positivos o para dar un paso al costado. El plazo ha vencido totalmente a la fecha, pero no ha disminuido la delincuencia ni ellos han renunciado o fueron apartados del cargo.
Numerosas personas han padecido la brutalidad policial siendo asesinadas en procedimientos ilegales, quedando inválidas por disparos de efectivos “gatillo fácil”, o torturadas en plena vía pública. Otros se han dedicado a acompañar y proteger cargamentos de drogas, como ocho de ellos que fueron condenados la semana pasada a raíz de un hecho ocurrido en mayo de 2017 en el departamento de San Pedro.
El ciudadano paraguayo no está protegido por las fuerzas que deberían garantizarle seguridad, más bien es una víctima de uniformados con serios problemas de analfabetismo funcional e incluso trastornos, pero sobre todo con una instrucción que sigue enraizada en el autoritarismo.
Esta situación debe ser tomada en serio por los gobernantes y reformar de una buena vez la Academia de Policía, y, sobre todo, trabajar fuertemente en el cambio de mentalidad de estos servidores. La gente se merece policías respetuosos de la ley, comprometidos con el mantenimiento de la paz en democracia. Necesita confiar en ellos cuando los ven, y no considerarlos sus verdugos.