A la senadora Lilian Samaniego (ANR, oficialista) no se le movió un músculo del rostro cuando declaró que la compra de vacunas contra el covid depende de la extensión de la ley de emergencia que, a instancias del Poder Ejecutivo, impulsa como presidenta de la Comisión Permanente del Congreso. Dado que Lilian lleva muchos años atornillada a una banca legislativa, y tanto ella como su clan familiar tienen una larga historia de relacionamiento económico y financiero con el Estado, es razonable suponer que conoce muy bien cómo se maneja un presupuesto público y que, por tanto, no se trata de una simple equivocación, sino de una descarada mentira.
La senadora afirmó que, al no estar en vigor la ley que “declara el estado de emergencia en todo el territorio de la República por la pandemia del covid-19″, cuya vigencia caducó el 31 de diciembre, “no se pueden adquirir vacunas”. Y como toda respuesta ante los escándalos que se desataron por la discrecionalidad en la asignación de fondos con esta ley, en los que la misma Lilian Samaniego estuvo salpicada, dijo que “basta con mejorar los controles”. Ambas afirmaciones son cínicamente falsas.
Realmente es una tomadura de pelo y una ofensa a la inteligencia de la ciudadanía querer hacer creer que las vacunas están subordinadas a la ley de emergencia cuando todavía no han transcurrido los primeros quince días del año y ni siquiera ha comenzado la ejecución efectiva del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2022, que acaba de ser tratado y aprobado por el propio Congreso Nacional, y promulgado por el Presidente de la República. Todos los fondos que se necesitan para vacunas y otras prioridades de salud pública están previstos en el Presupuesto. Lo que quieren es sencillamente seguir gastando el dinero de los contribuyentes al margen de las normas y los controles establecidos en las leyes ordinarias.
Nuestro diario consultó con los responsables administrativos del Ministerio de Salud, quienes confirmaron, como es lógico, que la compra de vacunas está contemplada en el Presupuesto 2022. Solo están a la espera de la reglamentación y del plan financiero del Ministerio de Hacienda para conocer exactamente el monto con el que contarán para ese fin y la secuencia de ejecución. No se requiere ninguna ley de emergencia, simplemente cumplir lo ya aprobado. Y si eventualmente surgen nuevas necesidades en el marco de la pandemia, el Ministerio de Hacienda tiene los mecanismos para hacer recortes en otros gastos menos importantes para atender las principales prioridades de la población.
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Concretamente, lo que quieren es prorrogar hasta el 30 de junio de 2022 los artículos 1, 6, 10, 11, 12, 42, 43, 44 y 45 de la Ley 6524, y sus modificaciones con las leyes 6600 y 6613, con las cuales el país ha estado formalmente en “estado de emergencia” ininterrumpido desde marzo de 2020. Llamativamente, no piden la renovación del artículo 4, que es el que teóricamente impide usar la ley para contratar servicios de catering, limita la compra de camionetas e incluye otras disposiciones de supuesta racionalización.
Lo que en términos prácticos posibilitan esos artículos es la relajación de las normas de contrataciones públicas, con medidas “simplificadas y expeditivas” para adquisición de bienes, servicios y obras, incluyendo compras directas, y, muy especialmente, la amplia utilización de recursos de los rubros del grupo 800 del clasificador presupuestario, relativos a “transferencias”, que es un “agujero negro” que permite todo tipo de perforaciones de las normas administrativas. También se autoriza al Equipo Económico a constituir “unidades de compra ad hoc” con el sector privado, lo que deja vía libre para cualquier posible componenda y conflictos de intereses con potenciales proveedores.
Al amparo de estas disposiciones, con la excusa del covid, se produjo en los dos últimos años probablemente la mayor repartija de fondos públicos de la historia económica del país, lo que ha desbordado el déficit fiscal y el endeudamiento estatal, sin que con ello se haya evitado una catástrofe sanitaria, con más de 16.500 muertos, ni se haya visto una mayor eficiencia y eficacia del sistema sanitario, ni la provisión de insumos en tiempo y forma, mucho menos de vacunas, cuya llegada se retrasó por meses con consecuencias trágicas.
En contrapartida, se sucedieron uno tras otro los escándalos de corrupción, consumados o intentados, desde mascarillas de oro hasta obras fantasma en municipalidades y gobernaciones, en medio de la más absoluta impunidad, al tiempo de que nunca cumplieron la promesa de rendir cuentas detalladas del uso “de cada guaraní”, ni se conocen evaluaciones de impacto y resultados; todo lo que hay son grandes números en algunos portales, con información parcial, desorganizada y desactualizada.
Actualmente están preparando un nuevo proyecto para darle un mejor maquillaje y un mayor énfasis en salud pública, para tratar de hacerlo más “tragable”, pero la gente no se debe dejar engañar. Probablemente será más de lo mismo. No se necesita ninguna ley de emergencia, sino que se dediquen de una vez a administrar la cosa pública como corresponde.