El Paraguay está adquiriendo características de un narcoestado

Solo en el primer mes del año se registraron 28 casos de sicariato, casi uno por día. La población ya no está segura en ningún lugar, pues no pocas veces personas inocentes han resultado víctimas colaterales de los ajustes de cuentas entre los delincuentes, como ha ocurrido ahora en San Bernardino. Este lugar de veraneo por excelencia es el favorito de las familias para pasar el caluroso verano. Miles de jóvenes cubren sus calles en alegres bandadas, y era inimaginable que la paz fuera violentamente alterada por integrantes del crimen organizado. Este episodio nos ubica frente a la realidad: el narcotráfico no solo ha inficionado la estructura del Estado, sino que se ha expandido por todo el territorio.

Solo en lo que va del primer mes de este año, que ahora termina, se registraron 28 casos de sicariato en nuestro país, casi uno por día. La población ya no está segura en ningún lugar, pues no pocas veces personas inocentes, incluyendo niños, han resultado víctimas colaterales de los ajustes de cuentas entre los delincuentes, especialmente los dedicados al narcotráfico, como ha ocurrido ahora en San Bernardino. Este lugar de veraneo por excelencia en nuestro país, el más tradicional, es el sitio favorito elegido por las familias para pasar el caluroso verano. Miles de jóvenes cubren sus calles en alegres bandadas, de día y de noche, y era inimaginable que la paz fuera violentamente alterada por integrantes del crimen organizado para dirimir sus diferencias. Pero este episodio nos ubica frente a la tremenda realidad: el narcotráfico no solo ha inficionado la estructura del Estado, como lo reconocen altos exponentes del Gobierno, sino que se ha expandido por todo el territorio, mucho más allá de las zonas tradicionales de violencia, como el Alto Paraná y el Amambay.

Lo ocurrido en San Bernardino es una muestra más de dicho aserto. El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, dijo que ya se contaba con el dato de que oriundos de Pedro Juan Caballero habían llegado a esa ciudad con motivo de un festival, pero agregó que fue imposible allanar el anfiteatro porque ninguno de ellos tenía orden de captura. Pero aun así, creemos que, con informaciones tan relevantes en mano, las autoridades pudieron hacer mucho más que sentarse y esperar hasta que ocurran los acontecimientos.

Ahora resulta que uno de los cinco heridos –José Luis Bogado Quevedo– sí tiene orden de captura internacional, en virtud de una resolución judicial del 21 de julio de 2021, pero según se sabe ahora, el suboficial principal Ramón Vargas Espinoza, del Departamento de Informática en Ñeembucú, borró el oficio del sistema de la institución, por lo que el sujeto no figuraba como prófugo. Se diría, pues, que la mafia ha sido mucho más efectiva que la Policía Nacional (PN) en la tarea de detectar su paradero y encargar luego a sus sicarios el correspondiente ajuste de cuentas, con la lamentable consecuencia de dos personas fallecidas y casi media docena de heridos. Uno de estos últimos –Marcelo Monteggia– también habría sido uno de los objetivos del ataque.

Paralelamente a este lamentable episodio, el mismo día el sicariato también le costó la vida a una madre y a un hijo en la localidad de Ypané, al parecer a manos del célebre “clan Rotela” dedicado a la comercialización de estupefacientes. Las guerras entre las organizaciones criminales revelan que, desde hace varios años, la institución policial es incapaz de preservar el orden público. Se recordará que la muerte del “empresario y ganadero” Jorge Rafaat, en 2016, desató una serie de sangrientos choques por el control del negocio sucio en la frontera, de lo que bien se dedujo que era el occiso quien mantenía allí una paz relativa, esto es, que la seguridad de las personas dependía en gran medida de un capo mafioso, en vez de la policía.

Si la guerra continúa, teniendo ya como escenario el país entero, es porque sus protagonistas no tienen motivos para temer que las fuerzas del orden intervengan decididamente para poner coto a sus desmanes. ¿Cómo lo harían si también ellas están infiltradas por los mafiosos? Lo dijo el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en octubre de 2020, sin mayores consecuencias: “Hay mucha permeabilidad; el crimen organizado permea varias instituciones; tenemos que mejorar nuestros sistemas de control”. Pasaron más de dos años y esos sistemas siguen siendo inútiles por falta de interés de las autoridades responsables, entre las que figuran las de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac): es obvio que si aún carece de radares operativos, mal se podría impedir el ingreso y la salida de drogas ilícitas por vía aérea. El vicepresidente y actual precandidato a presidente, Hugo Velázquez, se expresó también una vez en términos similares a Marito.

Con frecuencia, las autoridades suelen proporcionar datos para justificar un aumento de las incautaciones de drogas en nuestro país, pero estas resultan ínfimas en comparación con las que se incautan en puertos europeos, procedentes del Paraguay. Por cierto, desde junio de 2020, se decomisaron en Europa 36.000 kilos de cocaína embarcados en el Paraguay, en tanto que, en igual periodo, la PN solo pudo impedir la exportación de 4.824 kilos, lo que significa que ni ella ni la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tienen mucho de qué ufanarse. Debe atenderse también que, en todo el mundo, solo es incautada una pequeña parte de las drogas ilegales en circulación, de modo que el volumen de la cocaína enviada desde nuestro país a Europa sería mucho mayor que el referido.

Es sabido que el Paraguay es un gran productor de marihuana, siendo el Brasil y la Argentina sus principales mercados, según la Senad. Para los habitantes de algunos pequeños municipios del sur del país no es ningún secreto a qué se dedican ciertas personalidades locales, siendo presumible que tampoco lo ignoren los organismos que deberían combatir el narcotráfico. Tampoco deberían ignorar que, desde hace unos años, en las zonas aledañas a San Bernardino y otros lugares atractivos del Paraguay han surgido verdaderas mansiones, quizás construidas por mafiosos provenientes del Amambay. Cabe preguntar si la Secretaría Nacional de Inteligencia, la Dirección General de Inteligencia Policial y la repartición equivalente de la Senad realizan un seguimiento de las posibilidades de que la mafia se esté expandiendo a pasos agigantados. Mientras varias instituciones estén permeadas por el crimen organizado, al decir del propio Marito, el país seguirá siendo un gran campo de batalla de sus diversas facciones, como viene ocurriendo. Y, como dato adicional, en el atentado que en octubre del año pasado se cobró la vida de Haylee Carolina Acevedo (21), hija del gobernador del Amambay, Ronald Acevedo, fueron empleados proyectiles de la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas.

El Paraguay ya está teniendo todas las características de un narcoestado porque nadie se atreve a depurar los organismos infectados por la mafia, que no vacila en derramar sangre, incluso en un sitio al que acuden unos 200 agentes policiales, que no controlan el ingreso del público, pese a que ya se sabía de la llegada de “fronterizos”. A este paso, queda poco espacio para el optimismo, sino para ir pensando en concurrir con chalecos antibalas hasta a los acontecimientos sociales.

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