Una semana después del mortal atentado cometido en San Bernardino, el nuevo comandante de la Policía Nacional (PN), comisario general Gilberto Fleitas, informó que ya están detenidos cuatro de los implicados y que el móvil del crimen tuvo que ver con una deuda impaga por 18 kilos de cocaína. Uno de los detenidos sería el autor intelectual Alcides Villasboa Peralta, alias “Ropero”, pero el autor material aún no ha sido detenido, al igual que otros sospechosos ya identificados. Esta actuación policial relativamente rápida, atribuible en gran medida al clamor ciudadano generado por la espantosa inseguridad reinante, muestra que la PN puede lograr con prontitud al menos éxitos parciales, siempre que se vea forzada por la población que se expresa en las calles, en los medios de prensa y en las redes sociales. No obstante, debe destacarse el nombramiento al frente de la institución del comisario general Fleitas, de una carrera profesional irreprochable y de buena imagen.
La convivencia cotidiana con el crimen es insoportable para la población, lo mismo que la habitual inoperancia que venía demostrando la institución encargada de preservar el orden público, así como los derechos y la seguridad de las personas físicas y jurídicas, de prevenir e investigar los delitos y de ejecutar los mandatos de la autoridad competente. La corrupción que pudre sus filas le impide cumplir con su misión constitucional; es más, pone a sus agentes al servicio de la mafia, tanto que apenas puede llamar la atención que uno de los detenidos mencionados sea el suboficial Junior Peralta. Resulta que, según el propio flamante jefe de la PN, algo así ocurre con frecuencia porque “el crimen organizado siempre juega con el funcionario público: siempre que hacemos procedimientos en Amambay, encontramos policías o expolicías del Brasil, incluso”. Desde luego, la complicidad no se limita a dicho departamento, sino que se extiende a todo el país: el suboficial referido estaba asignado a Santa Rosa del Aguaray (San Pedro), donde al menos otros doce agentes se habrían confabulado con él. Al respecto, la agente fiscal Fabiola Molas, de la Unidad Antidrogas del Ministerio Público, estima que si la PN figura en primer lugar entre las instituciones permeadas por el crimen organizado es porque tiene la mayor cobertura nacional, a lo que bien se podría agregar su evidente utilidad para la mafia y la endeblez moral de sus miembros.
Lo manifestado por el comisario general Fleitas no es nada nuevo, pese a que su inútil antecesor, comisario general Luis Ignacio Arias, tuvo el descaro de afirmar que los delincuentes no tienen cabida en la PN. Sin embargo, se encontrarían desde el cuartel central hasta la última subcomisaría, pasando por el Departamento de Identificaciones, donde se provee documentos a grandes delincuentes, e inclusive por la Dirección de Asuntos Internos, responsable de investigar al personal policial que atente contra la ley y los reglamentos, pero de cuya labor poco se conoce mientras los polibandis abundan en todos los lugares. En efecto, la gama de hechos punibles perpetrados por agentes policiales es muy amplia, ya que se extiende desde el robo de combustibles y la falsificación de documentos de identidad hasta el secuestro de turistas y el asesinato por encargo.
Entretanto, lo más inquietante es que los narcotraficantes tienen numerosos “soldados” dentro de la PN, según se deprende de datos proveídos por la antes citada dependencia del Ministerio Público: de entre los 134 servidores públicos condenados entre 2009 y enero de este año, el 65,7% viste el uniforme policial, en tanto que ¡el 7,5% pertenece a la propia Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)! Es de subrayar que estos porcentajes serían solo la punta del iceberg de la penetración mafiosa, pues los que hasta hoy ni siquiera han sido imputados deben de ser mucho más numerosos: allí siguen, trabajando para el crimen organizado en la PN y en la Senad, atentando cada día, por acción u omisión, contra la vida, la libertad o los bienes de quienes les abonan el sueldo.
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Se espera que el logro parcial conseguido en el caso en cuestión sea ampliado y se repita en otros para que no resulte que solo fue un golpe de efecto destinado a hacer creer que las cosas ya han cambiado, tal como suele ocurrir en la Dirección Nacional de Aduanas tras un cambio en la cúpula. En esta institución las recaudaciones suelen aumentar considerablemente en los primeros meses, para volver a la normalidad al poco tiempo. Por supuesto, ello supone que la PN sea depurada de una vez por todas. Su nuevo comandante anunció que todos los agentes policiales ligados al crimen organizado “tarde o temprano van a caer, no importa quién sea”. Se le toma la palabra, confiando en que ello ocurra más temprano que tarde, porque no hay tiempo que perder: los habitantes de este castigado país ya no pueden seguir tolerando que quienes deben protegerlos estén a las órdenes de sus victimarios. El Paraguay debe liberarse de las garras del hampa, para lo cual es indispensable, sobre todo, que la PN sea purificada cuanto antes, con decisión y valor. Los delincuentes no deben vestir su uniforme, sino estar entre rejas. Así será siempre y cuando que el Ministerio del Interior, por su parte, cumpla con su deber de controlar la gestión y la administración de la PN, así como el desempeño de sus integrantes. Más que nunca, la seguridad interna está en crisis y urge remediarla, cumpliendo y haciendo cumplir la ley.