El viceministro de Tributación, Óscar Orué, expresó hace poco que no hay evasión fiscal en el contrabando de cigarrillos al Brasil, ya que no hay impuesto a la exportación de estos productos; en otros términos, el Estado paraguayo no sufriría ningún daño patrimonial, de modo que “correspondería al Brasil solucionar este problema”. Se comprende que tan desatinadas declaraciones hayan generado la reacción de Edson Vismona, presidente del Foro Nacional contra la Piratería y la Ilegalidad y del Instituto Brasileño de Ética de la Competencia, pues atacarían “el espíritu de cooperación entre los países vecinos”: el contrabando es un delito que debe ser reprimido en ambos lados de la frontera. En efecto, aunque la exportación de cigarrillos no esté gravada, el art. 336 de nuestro Código Aduanero califica de contrabando, entre otras cosas, el egreso de mercaderías por las fronteras nacionales, fuera de la zona primaria, sin la documentación legal correspondiente, así como el egreso de una unidad de transporte con mercadería, en horas o por lugares no habilitados.
Debido a ello y no por haber eludido el pago de un impuesto a la exportación, seis estibadores fueron condenados a cuatro años de cárcel en agosto de 2021, como resultado del decomiso realizado en Salto del Guairá en diciembre de 2018, de unas cinco mil cajas de cigarrillos, casi todos producidos por la firma Tabacalera del Este SA, propiedad del expresidente de la República Horacio Cartes. No está de más recordar que el art. 338 del mismo Código dispone que las sociedades comerciales y no comerciales serán civilmente responsables del contrabando y de las sanciones administrativas cuando fueren beneficiarias o financiadoras del contrabando, o cuando uno o más directores, gerentes o subgerentes son factores responsables de la sociedad y hubieren participado de las acciones u omisiones, manejos y operaciones realizadas para cometer el contrabando o encubrirlo.
Puede pensarse que la citada empresa –la mayor del país en la materia– se beneficia sobre todo del contrabando masivo de cigarrillos al Brasil, si se atiende que el Paraguay produce alrededor de 70.000 millones de cigarrillos por año, de los que solo consume unos 2.300 millones, algo más de la mitad de los incautados en el Brasil en 2021. En otros términos, su mayor fuente de ingresos sería una actividad ilícita transfronteriza, en la que también interviene el crimen organizado brasileño, como adquirente y distribuidor de dicha mercancía; más aún, las rutas del contrabando de cocaína y de cigarrillos, que llegarían hasta México y Colombia, serían indistinguibles y el lavado de dinero en casas de cambio paraguayas sería habitual. En tal sentido, en marzo del año pasado, el Departamento de Estado norteamericano lamentó la persistencia del contrabando y de su correlato el lavado de dinero, y refirió que la Triple Frontera es “hogar de un comercio de bienes ilícitos de miles de millones de dólares”, lo que facilitaría un “importante blanqueo de capitales en Paraguay”.
En este contexto, es indignante que el viceministro pretenda que el Paraguay se lave las manos, como si no se estuviera delinquiendo desde su territorio para introducir ciertas mercaderías en el Brasil, evadiendo el pago de tributos de importación en el caso de los cigarrillos. Un elemental sentido de cooperación en la lucha contra el delito exige no solo impedir que los puertos “clandestinos” sobre el río Paraná sean empleados para socavar la economía y la seguridad del país vecino, sino también identificar en todo momento a los compradores mayoristas de las firmas tabacaleras. Es lo que quiso saber Emilio Fúster, jefe de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando, al solicitar en vano al Ministerio Público el allanamiento de las tabacaleras cuyas marcas fueron incautadas en Salto del Guairá, para verificar los documentos que acreditaban la “comercialización de las mercaderías a terceras personas”, residentes en dicha ciudad. Si además se atiende que nuestro impuesto selectivo al tabaco, de solo el 20%, es el menor de la región, lo que estimula el contrabando, resulta evidente la necesidad de elevarlo en gran medida, incluso para reducir su consumo local, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. También convendría gravar la exportación de cigarrillos, aunque más no sea para privar al viceministro Orué de su burdo pretexto.
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Es inadmisible que el Estado paraguayo se desentienda de que en su territorio se perpetre un hecho también penado por su legislación, que conduce a la comisión de otro en un país extranjero. Este gravísimo asunto, también ligado a la asociación criminal y al lavado de dinero, según lo denunció el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, implica un ataque a la solidaridad internacional contra el delito. Debería avergonzarnos que el presidente de un foro y de un instituto brasileños haya creído oportuno enfatizar que “el contrabando es un delito; el crimen se combate con represión en ambos lados de la frontera, la cual debe llevarse a cabo de manera coordinada. Al minimizar el grave problema, el señor Orué dificulta la defensa de la ley y la seguridad pública” (las negritas son nuestras). Durante la dictadura, se decía que ese hecho punible era “el precio de la paz” interna; hoy es un atentado contra las buenas relaciones con otros países.
No sería impertinente concluir estas líneas con una nota de humor negro: según datos del Banco Central y de la Dirección Nacional de Aduanas, en 2018 y en 2019, el Paraguay no exportó un solo kilo de cigarrillos al Brasil, en tanto que en 2020 le proveyó de ínfimos 18.000 kilos; en los mismos años, exportó a la isla caribeña de Aruba 318.086, 1.999.688 y 9.857.515 kilos, respectivamente. Con toda evidencia, las firmas tabacaleras nacionales apuntan lejos, desdeñando el mercado vecino o, más bien, desinteresándose de que sus compradores respeten las legislaciones aduaneras paraguaya y brasileña: no les importaría la cara del cliente, aunque sea la de un miembro del PCC. Que uno de sus dueños haya presidido la República y siga influyendo en las instituciones no puede enorgullecernos mucho más que a los hondureños el hecho de que Estados Unidos haya pedido la extradición de su exjefe de Estado Juan Orlando Hernández, porque habría participado en el narcotráfico.
Hacer cumplir el Código Aduanero también implica una política de buena vecindad. El señor Óscar Orué debería saberlo.