En cuanto a los combustibles, lo único que puede hacer el Gobierno sin aumentar el endeudamiento ni derrochar el dinero de los contribuyentes es adoptar algunas medidas para tratar de dar un poco más de previsibilidad a la tendencia alcista, a la par de promover una ley para suspender de inmediato todos los cupos de privilegio a parlamentarios, ministros de la Corte y cualquier otro funcionario, incluidos los de las municipalidades, así como llevar adelante un estricto plan de recortes de todos los gastos no prioritarios.
En condiciones normales, este como cualquier otro sector calcula sus precios considerando el valor de reposición, lo que significa que el precio de hoy tiene en cuenta lo que se estima va a costar reponer la mercadería. Esto es lógico, corriente y totalmente legítimo, pero en la situación actual provoca una alta volatilidad por la particular coyuntura del mercado internacional, con el resultado de sucesivas subas de precio en lapsos muy cortos. Esta incertidumbre, aún más que el precio, causa serios inconvenientes en la cadena de suministros, porque dificulta los contratos de provisión y de servicios ante la expectativa de que van a subir los costos dentro del plazo en que esos contratos se tienen que materializar.
La forma, si no de resolverlo, al menos de paliarlo es acordando un sacrificio temporal, que no implica ni pérdidas ni reducción de márgenes, cuando mucho un costo financiero y un cierto lucro cesante que habrá que absorber en beneficio de una estabilidad que conviene a todos. Empezando por Petropar, que es el que tiene mayor capacidad de almacenamiento, lo que se debería hacer es llenar los tanques y cobrar de acuerdo con el costo de importación de ese stock. Luego, cuando haya que hacer una nueva compra, si hay que ajustar el precio se ajusta, pero por lo menos ya habrá pasado un período razonable con un valor estable. Lo mismo habría que pedirle al sector privado, hasta tanto se tranquilice un poco más el mercado. El presidente de Petropar, Denis Lichi, declaró que la estatal tiene gasoíl para tres meses. Si esto es cierto (aunque es dudoso), entonces no se necesita ningún subsidio, simplemente se tiene que congelar el precio hasta acabar la existencia.
Esto debe ir acompañado con un ajuste de cinturón en el Estado, que tiene que recortar todos los gastos superfluos para poder reducir o exonerar transitoriamente impuestos a los combustibles y suspender por el momento las transferencias de Petropar al fisco.
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Nada de esto significa, sin embargo, que el precio va a bajar, o incluso que se va a mantener, salvo que haya un cambio en el mercado internacional, algo que no depende de Paraguay. A lo sumo se puede tratar de que las subas sean más previsibles. Pero lo que definitivamente no se debe hacer es caer en la tentación populista de controlar o fijar artificialmente los precios, que es exactamente lo que se está empezando a ver con la anunciada reducción de 500 guaraníes el litro del gasoíl común y la nafta de 93 octanos comercializados por Petropar.
Todos, empezando por los camioneros, debemos tener muy en cuenta que hay algo mucho peor que un combustible caro, y es no tenerlo. Los emblemas tienen sus compromisos con sus proveedores y tratarán de cumplir con sus clientes, pero nadie va a trabajar a pérdida durante espacios prolongados, simplemente dejarán de importar o importarán menos, con el desabastecimiento resultante.
Tampoco los subsidios son la solución. Primero porque son un engaño, ya que de cualquier manera los paga toda la ciudadanía. Segundo porque son insostenibles: solo para subsidiar 700 guaraníes por litro el precio del gasoíl se requieren 20 millones de dólares por mes, y este es un escenario que va para muchos meses. Y tercero porque son sumamente proclives al manejo político y a la corrupción.
A más largo plazo, es triste que nunca aprendamos la lección. Hace décadas que el país tendría que haber iniciado un proceso de cambio estructural de su matriz energética, para no depender tanto de combustibles fósiles importados. Lo peor es que tiene todas las condiciones para ello. Paraguay cuenta con gigantescos excedentes hidroeléctricos que se ve obligado a ceder a precio vil y un enorme potencial para la producción de alcohol, tanto absoluto como carburante, y de diésel HVO (de aceites vegetales hidrotratados, que no es lo mismo que el biodiésel), los tres de fuentes renovables. A estas alturas, por ejemplo, todos los vehículos livianos del Estado y gran parte del parque automotor deberían ser flex. En Brasil es el 100%.
Pero, mientras tanto, no queda otro remedio que aceptar la realidad. Los combustibles tienen que costar lo que cuestan y no es el único producto que va a subir y escasear. Este será un año durísimo desde el punto de vista económico, en varios sentidos peor que los de la pandemia; hay que dejar de improvisar y de perseguir réditos políticos, tanto de parte del oficialismo como de la oposición, buscar sensatez, consensos entre sectores estratégicos, diseñar y ejecutar un plan integral de manejo de la crisis y prepararse para enfrentar la tremenda tormenta que se avecina.