Últimamente se conocen vínculos de políticos que se presentan como supuestos hombres de trabajo y acceden al Congreso sin tener popularidad, a veces perfectos desconocidos, lo que remplazan indudablemente con la repartija de dinero para las campañas presidenciales. Ingresar como diputado o senador les ofrece la concreta posibilidad de recuperar sobradamente lo que gastaron de su banca, obtener impunidad y hacer más negocios. Esa es la factura que le pasan los aportantes a los candidatos que llegan a la Presidencia o a otros cargos electivos.
No es extraño que aparezcan fotos con distintos candidatos, ya que los autodenominados “empresarios” ponen los huevos en todas las canastas para asegurar su negocio.
Las internas coloradas aportan los capítulos más suculentos de las relaciones entre los delincuentes del Estado y las asociaciones criminales, alguno de cuyos representantes están instalados en el Congreso. Alguno de los protagonistas aparecen ahora en la Cámara de Diputados. Algo en común que tienen los diputados Juan Carlos Ozorio y Erico Galeano es su vinculación con cooperativas, entidades basadas en la solidaridad y sin búsqueda de lucro. Por lo tanto, aparece como el espacio ideal para alejar sospechas de lavado de dinero.
De ambos bandos, añetetistas y cartistas, salen sus colegas a defenderlos a capa y espada, para no quedar pegados. Es decir, que no sabían nada de sus antecedentes. Se escuchan frases como: “siempre fue exitoso”, “es un gran amigo”, “no tengo por qué dudar de su honestidad”.
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Ser aportantes de las campañas les permite a estos sospechosos comprar helicópteros o transferir dos millones de dólares a Horacio Cartes, investigado por la justicia brasileña por lavado, sin llamar la atención de los órganos de control en nuestro país.
Además de tener la condescendencia de Seprelad, la Superintendencia de Bancos tampoco interviene a las instituciones financieras que no alertan sobre el enorme movimiento de dinero entre políticos. Igual pasividad se observa en el comportamiento de la fiscalía, que actúa de manera dispar en uno y otro caso, según a qué grupo pertenezca el involucrado.
Si es cercano al expresidente Cartes, los fiscales se mueven a paso de un perezoso, pero si es de otro grupo no afín, se lo esposa y exhibe como un trofeo ante los ojos de toda la ciudadanía. Es bastante probable que esta disparidad responda al pago de favores de la fiscala general que sigue aferrada al cargo a pesar de las numerosas denuncias que existen por su lamentable papel.
De alguna manera, la asociación criminal conformada por fiscales, jueces, diputados, traficantes de drogas, contrabandistas de cigarrillos, entre otros, debe llegar a su fin para que la democracia y el estado de derecho se impongan.
Mientras esto no termine, las necesidades del pueblo en materia de salud, transporte, trabajo, justicia y equidad seguirán imperando. Esta es una tarea para líderes políticos que tengan patriotismo y valentía, cualidades que no adornan, por ejemplo, a Marito. El cambio del estado de cosas deberá producirse a partir de una voluntad popular en las próximas elecciones generales, donde la gente tendrá el poder de asestar un golpe definitivo a los grupos políticos mafiosos que están actualmente instalados en el poder.