Si se toman como referencia los precios de los combustibles del sector privado después del último nuevo ajuste, el subsidio estatal al gasoíl común y a la nafta de 93 octanos comercializados por Petropar se amplió, respectivamente, a 2.500 y 1.800 guaraníes por litro. Hay tres problemas con esta situación. El primero es que es claramente inconstitucional. El segundo es que, tal como se advertía, el beneficio es solventado por toda la ciudadanía, pero alcanza apenas a una minoría de los consumidores. Y el tercero es que es imposible de mantener sin provocar un desequilibrio irreparable en las ya deficitarias finanzas públicas.
La ley aprobada por el Congreso con la anuencia del Poder Ejecutivo autoriza a Petropar a cobrar al público hasta un 30% por debajo de la estructura de costos de ambos derivados, lo cual se contrapone abiertamente al artículo 107 de la Constitución Nacional, que taxativamente establece que no se permitirá “el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia”.
Pese a que no cabe ninguna duda de que este caso configura un hecho prohibido por la Constitución, la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), presidida por Rolando Díaz, no solo ha hecho una olímpica vista gorda y lo ha ignorado completamente, sino que abrió una investigación a la contraparte privada de esta evidente competencia desleal, con lo que no hace otra cosa que demostrar su servilismo, inoperancia y falta de coraje para cumplir sus funciones.
La justificación es paliar el impacto de la disparada del precio del petróleo en la gente, pero ¿a quién le llega este subsidio? Para empezar, Petropar tiene una participación muy minoritaria en el mercado de combustibles (17% de la importación y venta de gasoíl en 2021) y una muy limitada red de distribución, con 220 estaciones de servicio de las 2.400 que existen a nivel nacional.
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Esto de por sí ya reduce drásticamente sus posibilidades de provocar una verdadera diferencia, tanto porque en muchos lugares directamente no hay puntos de venta de Petropar como por el rápido agotamiento de sus reservas, debido a una mayor demanda inducida por el menor precio. El resultado es que, en la práctica, la gente tiene que pagar el subsidio, ya sea con sus impuestos o con inflación, pero la gran mayoría se ve obligada, de todos modos, a cargar sus tanques a precios de mercado no subsidiados.
Y aun si Petropar pudiera llegar a todos los consumidores, lo que dista muchísimo de ser una realidad, de todas maneras el subsidio sería injusto para el conjunto de la ciudadanía, por la simple razón de que solo una minoría tiene vehículo, y dentro de esta minoría, son muchos menos todavía los que utilizan gasoíl y nafta de 93 octanos.
Según los últimos datos disponibles (2019), el parque automotor paraguayo está compuesto por 2.413.264 vehículos, de los cuales 710.262 son automóviles, 179.572 son camionetas, 85.038 son camiones, 19.405 son ómnibus, 797.617 son motos y el resto es maquinaria, acoplados y otros. Suponiendo que todas las camionetas, todos los camiones y todos los ómnibus consumieran gasoíl tipo III y que la mitad de los automóviles y motos consumieran nafta de 93 octanos, según una proyección aproximada a partir de las cifras del año pasado, tendríamos que en el mejor de los casos el subsidio estaría dirigido a un máximo de un millón de vehículos, motos incluidas, lo que corresponde al 40% del parque automotor.
Pero, además, de ese 40%, la mitad está en Asunción y Central y la otra mitad en el interior del país, donde es aún mucho más difícil acceder a estaciones de servicio de Petropar y beneficiarse con el subsidio, por lo que se puede deducir que el mismo podría alcanzar, a lo sumo, a 500.000 vehículos y motos, probablemente mucho menos que eso.
Tampoco ayuda a aliviar los costos del transporte público, porque la mayoría de las empresas ya tiene contratos con otros emblemas y no puede comprar de Petropar. Esto obligará al Estado a elevar el pasaje o elevar el subsidio, el cual, dicho sea de paso, también es muy injusto, porque los pobladores del todo el país financian parte del pasaje de los usuarios de Asunción y el Área Metropolitana.
Finalmente, con el petróleo a 116 dólares el barril, frente a los 99 dólares de principios de mes y los 75 dólares de principios de año, y con un tipo de cambio de más de 7.000 guaraníes por dólar, aunque a nadie le guste, esto no depende de Paraguay y no es realista tratar de atravesar esta ola sin ajustar los precios al público. Cada vez que Petropar tenga que reponer su stock, algo que ocurrirá en intervalos cada vez más cortos debido al subsidio (de hecho, el combustible más barato ya está faltando), necesitará más dinero estatal para cubrir la diferencia. Para tener una idea de por qué esto no se va a poder sostener por mucho tiempo, si proyectáramos el subsidio a un año, a 2.500 y 1.800 guaraníes por litro, solo para abastecer al 50% del mercado del gasoíl común y la nafta intermedia se requerirían 365 millones de dólares (siempre que no vuelva a subir), un tercio de todo el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Este subsidio constituye un atropello a la Constitución, es pura demagogia, solo llega a una minoría de la población con beneficios de muy corto plazo y perjudica a todo el resto, pone en serios aprietos al fisco en un año muy difícil, con una recesión en puertas, conlleva un riesgo de escasez o desabastecimiento, se presta a la corruptela y distorsiona el mercado (algo que no ve la Conacom) en favor de los operadores privados de las estaciones de servicio de Petropar, por lo general políticos del Partido Colorado.